La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación debido a que el número de solicitantes de la condición de refugiado registrado a mayo de 2019 representa ya un 80% de la cifra anual de 2018, por lo que se prevé que en el mismo periodo la cantidad de solicitudes sea un número superior, además se advierte que persiste la demora y rezago en los trámites administrativos para obtener la condición de refugiado, lo cual ha influido de manera importante en las razones por las que desisten del procedimiento los solicitantes de la misma. Ello es muestra de que las autoridades competentes están rebasadas, ya que la situación se ha venido agravando debido a los problemas que enfrentan los países centroamericanos y otros como Venezuela, en los que el número de personas que abandona sus lugares de origen va en aumento.
Asimismo, este Organismo Constitucional Autónomo destaca la coyuntura de la política migratoria del país, que incide de manera sustancial también en la política de refugio, en especial las acciones tendentes a generar mayor control de los flujos migratorios con base en esquemas de seguridad nacional en contraposición a la seguridad humana, como es la asignación de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en labores de contención, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, a partir del reforzamiento de los puntos de internamiento y controles de verificación migratoria en diversas localidades de los estados del sureste mexicano.
Al respecto, la CNDH manifiesta que las políticas basadas en una visión de seguridad nacional pueden llevar a la criminalización de las personas en contexto de movilidad humana, y dicha situación impacta en la detección de personas solicitantes de protección internacional, ya que la contención en los puntos fronterizos precisa que las personas servidoras públicas que intervengan en la misma, cuenten con la capacitación necesaria para atender a aquellas que manifiesten ser solicitantes de la condición de refugiado, pues el hecho de no portar consigo algún documento de identificación no debe implicar un rechazo inmediato sin hacer un análisis particular de cada caso, dado que muchas de esas personas apenas tienen tiempo de huir de su país, por lo que preocupa a esta CNDH que al carecer de protocolos para garantizar el análisis individual de la situación por la que migró la persona y la necesidad de dicha protección, se proceda de manera genérica al rechazo causándoles con ello una afectación a su derecho a la protección internacional que requieren, además se debe tomar en consideración que al ser detenidas y contenidas por fuerzas de seguridad federales les genera incertidumbre y temor para expresar las razones de su desplazamiento, por lo que se corre el riesgo de revictimizarlas y generarles mayor vulnerabilidad.
Aunado a lo anterior, la CNDH también observa que el presupuesto de este año para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que recibió solo 20.8 millones de pesos, cuando en 2018 fue de 25.7 y en 2017 de 25.4 millones de pesos, disminuyó de manera sensible, a pesar de que en la actualidad existe mayor demanda de solicitudes de refugio, ante lo cual este Organismo Constitucional Autónomo considera que la austeridad gubernamental no debe afectar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con cifras de la COMAR, en 2018 hubo 29,647 solicitudes de la condición de refugiado, lo que significaría casi 100% más que el año 2017, el cual representó el doble de las presentadas en el año 2016. Ello implica que cada año se alcanzan números históricos en las solicitudes de la condición de refugiado en México. Sin embargo, su tramitación y resolución se ha rezagado de manera considerable desde 2017, debido a la suspensión temporal de actividades de la oficina de la Ciudad de México de la COMAR a raíz de los sismos de ese año, así como por la saturación de casos de personas solicitantes y la falta de recursos humanos y materiales de dicha autoridad.
En las últimas cifras reportadas de 2018, respecto de solicitudes resueltas la COMAR manifestó que reconoció la condición de refugiado y la protección complementaria a 2,868 personas, cuando el número total de personas solicitantes fue de 29,647 de las cuales 13,669 procedían de Honduras; 6,351 de Venezuela; 6,189 de El Salvador; 1,348 de Guatemala; 1,271 de Nicaragua; 218 de Cuba y 601 de otros países. Paramayo de 2019, las cifras de solicitantes registran: 24,424 personas, de las cuales 13,023 son de Honduras; 3,685 de El Salvador; 3,048 de Venezuela; 1,285 de Guatemala; 962 de Nicaragua; 1,666 de Cuba y 755 de otros países.
Por ello, en el marco del Día Mundial de los Refugiados –20 de junio—, esta Comisión Nacional subraya la importancia de que se asignen a la COMAR los recursos humanos y económicos necesarios para atender a miles de personas solicitantes de la condición de refugiado en México y brindarles de manera inmediata y conforme a los tiempos que marca la Ley de Refugio, Asilo Político y Protección Complementaria la atención necesaria, adecuada y prioritaria, dada su situación de vulnerabilidad.
Además de lo anterior, la decisión de recibir en los estados fronterizos del norte del país a solicitantes de asilo ante la autoridad norteamericana, hace necesario realizar un análisis detallado de las consecuencias jurídicas de dicha política, pues México estaría contribuyendo a la transgresión del principio de no devolución que toda persona solicitante de protección internacional tiene ante el país que realiza su solicitud; por lo que se requiere un plan definido y determinado, así como protocolos que establezcan las facultades y competencias de las instancias que intervienen de manera coordinada, pues la realidad actual es que los albergues de los gobiernos municipales, estatales y aquellos establecidos por la sociedad civil están rebasados en infraestructura física y humana.
Por todo lo anterior, la CNDH exhorta a las autoridades mexicanas a garantizar y reconocer en todo momento los derechos humanos de este grupo poblacional conforme a las normas nacionales e internacionales, y asumir que el contexto histórico actual regional y global plantea un nuevo paradigma de atención para las personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y de protección complementaria, incluyente y respetuoso de sus derechos humanos, y a partir de este momento iniciar las reflexiones, análisis y acciones pertinentes ante los crecientes flujos masivos migratorios, incluidas las personas solicitantes de protección internacional, y ser congruente en el discurso político con las políticas públicas que se implementen para esa población en situación de vulnerabilidad priorizando, como lo mandata nuestra Constitución, el respeto irrestricto de sus derechos humanos.
