Rubén Francisco Pérez Sánchez, Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, participó en el coloquio “¿Existe el delito de corrupción?”, organizado por el IIJ-UNAM y refirió que, de acuerdo con el INEGI, en el 2017 la corrupción llegó a 7,218 millones de pesos en pagos, trámites y solicitudes de servicios y el costo a consecuencia de corrupción en trámites ante autoridades de seguridad pública fue de 1,377 millones de pesos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la inadecuada utilización de los recursos públicos o el desvío de los mismos para fines particulares por prácticas de corrupción, genera deficiencia en la prestación de servicios por el Estado y afectaciones en el ejercicio de derechos humanos como a la protección de la salud, educación, acceso a la justicia, a la verdad y reparación del daño, y a un medio ambiente sano, por lo que es necesario erradicar dichas prácticas.
Señaló que, la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2017, efectuada por el INEGI, arrojó que en ese año, el costo total por prácticas de corrupción en pagos, trámites o solicitudes de servicio público fue de 7,218 millones de pesos, lo que representa el 12.5% de cambio respecto de 2015; en tanto que el costo a consecuencia de actos de corrupción en trámites realizados ante autoridades de seguridad pública fue de 1,377 millones de pesos, representando un aumento del 37.3% en relación con el 2015. Razón por la cual, es preciso que se fortalezcan los mecanismos implementados recientemente, como el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir esas conductas.
La CNDH ha expresado su preocupación por que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, nuestro país se ubica en la posición 138 de 180 países evaluados según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, por haber obtenido una puntuación de 28/100, en donde el 0 “es altamente corrupto” y el 100 “es muy limpio”.
Tras asegurar que erradicar la corrupción es responsabilidad de autoridades y la ciudadanía, apuntó que diversos organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado que la corrupción impacta más en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, ya que aumenta el costo de acceso a servicios públicos, debilita el contrato social y desincentiva inversiones, lo que genera desempleo y menor crecimiento económico.
También afecta a niñas, niños, adolescentes, mujeres, afrodescendientes, personas migrantes, personas privadas de libertad y, especialmente, a las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas que, ante el desarrollo de proyectos económicos, pueden ver vulnerados sus derechos al patrimonio cultural, a la preservación del medio ambiente, así como a la consulta previa e informada.
El delito de corrupción, no existe en el derecho penal mexicano, sino conductas de las personas en el ámbito público y privado, consideradas como actos de corrupción, que desembocan en la comisión de diversos delitos. Es un fenómeno que incide en la perpetuación de las violaciones a los derechos de las personas, particularmente de quienes viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema o de las personas históricamente excluidas.
Así lo manifestó Rubén Francisco Pérez Sánchez, Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, durante el coloquio “¿Existe el delito de corrupción?”, organizado por el IIJ-UNAM, donde aseveró que esa práctica impide al Estado cumplir diversas obligaciones como el otorgamiento de servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos o la supervisión de obras públicas.
Destacó que la CIDH ha insistido en la importancia de que se generen mecanismos jurídicos, legales y de política pública para establecer el impacto de las diferentes formas de corrupción en el efectivo disfrute de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y se fortalezca los medios para monitorear y evaluar los programas sociales, con énfasis en los ámbitos donde la corrupción es más frecuente, como los programas sociales y grandes proyectos de infraestructura, así como, que se ponga en marcha o se mejoren los sistemas de supervisión y fiscalización de actividades de extracción, explotación de recursos naturales o desarrollo productivo, de manera coherente con las obligaciones de derechos humanos.
Al participar en la mesa de análisis “Derechos Humanos y Corrupción”, Pérez Sánchez subrayó que, al ser considerado tema de especial interés, la CNDH y la UNAM publicaron el estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014”, en el que se señala, entre otras cuestiones que, a pesar de sus diferentes manifestaciones, la corrupción se caracteriza por la solicitud de sobornos como condición para ejercitar determinados derechos como el acceso a la justicia, el pago de éstos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y el desvío de recursos para disponer de menos servicios públicos o que éstos se proporcionen de manera deficiente.
