Morena pretende hacerse del control de todas las elecciones del país, que implica volver a los peores años del autoritarismo mexicano donde la democracia no existía.
Para esto propone una reforma electoral, que de lograrla, le permitiría tener el control absoluto del Instituto Nacional Electoral (INE).
El proyecto, que surge de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, es un atentado contra la democracia que se cobija en el pretexto del ahorro y la austeridad.
La propuesta, que requiere de una reforma constitucional, contempla la reducción del número de los consejeros de los actuales once a siete.
En ese caso la Cámara de Diputados designaría a lo siete nuevos consejeros y como Morena y sus aliados tienen la mayoría nombrarían a los que ellos quieran.
Así se harían del control del INE, que estaría al servicio de los intereses del gobierno y su partido y no de la democracia como ya ocurrió en los años del autoritarismo priista.
La construcción de un órgano electoral autónomo, como es el INE, es una conquista fundamental de la lucha por la democracia y la condición de posibilidad de la misma.
En la propuesta se plantea también la desaparición de los OPLES, los organismos electorales de los estados, de manera que las elecciones estatales serían responsabilidad del INE.
Y si el INE ya estaría en manos del gobierno y Morena, todas las elecciones estatales estarían controladas por ellos y de democracia habría desparecidos.
La propuesta de Morena es volver a restablecer los mecanismos del sistema electoral con los cuales el viejo PRI mantenía el control total de las elecciones.
En los 80 años del autoritarismo mexicano, de 1920 al 2000, los gobiernos del PRI se pudieron mantener porque tuvieron el control de los órganos electorales.
Lo que Morena quiere, una vez que ya tiene el poder, es no perderlo y la manera de garantizarlo, como lo hizo el PRI, es controlar los órganos electorales.
La intención del gobierno y de Morena es terminar con la democracia, que tanto ha costado, y establecer un sistema autoritario.
Lo justifican, es el mismo argumento que utilizó el PRI por 80 años, con que tienen un proyecto de país a favor de los pobres que no se puede poner en riesgo.
Su propuesta de “transformación” del país, en su visión autoritaria y mesiánica, avala y justifica el atentado contra la democracia.
Los partidos de oposición, la sociedad civil organizada, las universidades, las iglesias y el conjunto de la sociedad deben oponerse a esta propuesta.
La ONU, la OEA y la comunidad internacional deben estar atentos y condenar, en el marco de sus atribuciones, el asalto a la democracia que pretende el gobierno y su partido.
Twitter: @RubenAguilar
