El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) constató que en 34 lugares de privación de la libertad en el Estado de Querétaro se atendieron 153 de un total de 190 puntos recomendatorios para prevenir la tortura y el maltrato, los cuales impedían garantizar que las personas ahí alojadas, incluidos los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, gozaran de un trato humano y digno, así como del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, protección a la salud e integridad personal. Asimismo, 20 puntos recomendatorios presentan avances encaminados a su cumplimiento y aún persisten 17.
Sin embargo, aún perduran 17 factores de riesgo que violan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que pudieran representar tratos crueles, inhumanos o degradantes, como la falta de reglamentos internos y manual de procedimientos, falta de inspección de las áreas de aseguramiento y de supervisión del estado físico y respeto a los derechos humanos de las personas internas que están a disposición de las autoridades, así como falta de capacitación del personal en materia de prevención de la tortura y de medidas para evitar situaciones o incidentes violentos, falta de supervisión del estado de salud de los detenidos por parte del área médica y de registro de los mismos, no contar con material de curación y sutura, e insuficiente personal de seguridad y custodia, médicos y odontólogos.
Así quedó consignado en el Informe de Seguimiento 01/2018, derivado de las visitas realizadas por personal del MNPT en abril de este año para observar el avance de cumplimiento de tales puntos que se formularon en el Informe de Supervisión 1/2018, dirigido a Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, y Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General, ambos del Estado de Querétaro, para su conocimiento y atención.
El Informe incluye diversos factores de riesgo que padecían las personas privadas de su libertad en 25 Unidades de Acusación e Investigación, bajo la competencia de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; tres Centros Penitenciarios y uno de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, dependientes de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado; una Casa Hogar de Protección Infantil que depende del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y cuatro instituciones privadas de asistencia social (dos casas hogar, un albergue y un instituto de rehabilitación).
Entre dichas situaciones destacan la falta de mantenimiento en las instalaciones, de áreas de aseguramiento para alojar a las personas imputadas, de registros, de servicio médico y medicamentos, personal de seguridad, de capacitación en materia de derechos humanos, prevención de la tortura y Protocolo de Estambul, así como de reglamentos y manuales de procedimientos e insuficiencia de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad física.
En seguimiento al cumplimiento de ese Informe, personal del MNPT entabló diálogo con enlaces designados por las instancias mencionadas respecto de las posibles medidas de aplicación para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad y alojadas, y así prevenir actos de tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes.
Al verificar el cumplimiento de las recomendaciones, se constató que en las Unidades de Acusación e Investigación se atendieron 76 de 95 factores de riesgo, referentes al funcionamiento adecuado de los servicios sanitarios y lavabos, asistencia médica, defensores de oficio, alimentos, libro de ingresos, capacitación en materia de prevención de la tortura; 6 puntos se encaminan a su cumplimiento con la creación de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física y 13 persisten, entre ellos, la falta del reglamento interno y manual de procedimientos y que el representante social no acude a las áreas de aseguramiento a supervisar el estado físico y respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran a su disposición.
En los Centros Penitenciarios y Autoridad de Ejecución para Adolecentes se atendieron 54 de 69 factores de riesgo, con la mejora en la higiene de los comedores y la cocina, así como la infraestructura de celdas y áreas deportivas, alimentos suficientes en cantidad y calidad, área femenil, acceso a defensores públicos y llamadas telefónicas, durante una sanción ya no se suspende la visita familiar, íntima y llamadas telefónicas, sólo disminuye el tiempo de duración de las mismas, no existe basura acumulada ni fauna nociva; 11 puntos están en proceso de cumplirse, entre ellos, la contratación de más personal de enfermería y que la certificación médica se realice en condiciones de privacidad; 4 riesgos persisten y están relacionados a la falta de personal de seguridad y custodia, médicos y odontólogos.
En el Centro de Asistencia Social del DIF se cumplieron 5 de 7 recomendaciones que consisten en la mejora del mantenimiento e higiene de las paredes y techos de los dormitorios y servicios generales, control de piojos en camas, eliminación de sobrepoblación y hacinamiento en el dormitorio de niñas, uso del libro de ingreso y del Reglamento Interno y Manual de Procedimientos. En cuanto a las instituciones privadas se atendieron 18 de 19 puntos recomendatorios referentes a la mejora en las condiciones de mantenimiento de comedores, cocinas y patios, acceso de personas menores de edad al Seguro Popular; existe un factor de riesgo que avanza en cumplirse y se refiere a la separación de los dormitorios de las personas adolescentes del sexo femenino y masculino en uno de los Centros de Asistencia Social.
