La tarea más básica y fundamental del Estado Mexicano, brindar seguridad a sus ciudadanos, no está siendo cumplida. Llevamos más de una década con niveles de homicidios sin precedentes y el sexenio que comienza no es diferente. El primer cuatrimestre de este año ha sido el más violento desde que se tiene registro, con aumentos en el número de homicidios en 16 de 32 entidades federativas.
En la semana que recién concluyó, a la violencia que comúnmente acecha a ciudadanos, empresarios y comerciantes se le agregó un hecho aún más grave que amerita una dura reflexión: en La Huacana, Michoacán, un grupo de militares fueron sometidos por civiles fuertemente armados e incluso grabados en un video mientras eran arrinconados.
El triste espectáculo de sumisión por parte del Ejército Mexicano fue elogiado por el presidente de la República como un acto de valentía pues, según supimos, él mismo ha instruido a las Fuerzas Armadas a no violentar los derechos humanos de ningún individuo.
La COPARMEX, celebra que las Fuerzas Armadas busquen conducirse con completo apego a los derechos humanos. Sin embargo, difiere fuertemente con el ejecutivo en aceptar que la forma de lograrlo es permitir la humillación del ejército en plena visibilidad pública. Pretender que debemos escoger entre la protección del territorio y los derechos humanos es un planteamiento ficticio y maniqueo que no abona a crear un Estado de Derecho.
Desde hace varias décadas, pero particularmente desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, la estrategia para combatir al crimen organizado ha tenido que recurrir al uso de las Fuerzas Armadas. Entre 2006 y 2018, se registraron 4,250 enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos criminales, de los cuales el 75% fueron protagonizados por la Secretaría de la Defensa Nacional.
El uso del ejército y la marina ha sido necesario debido al incremental poderío de fuego de los grupos criminales. Si bien el ideal sería que el crimen fuera controlado por cuerpos de policía civiles debidamente profesionalizados o entrenados, la realidad del sistema de justicia mexicano no lo permite.
Solo las Fuerzas Armadas tienen la estrategia y la disciplina para enfrentar a los cárteles de la droga. A diferencia de las policías, el ejército y la marina tienen por vocación el control de territorio en situaciones de alto riesgo. Ante el nivel de violencia que impera en ciertas comunidades, las Fuerzas Armadas resultan el único mecanismo viable para restaurar el orden y la tranquilidad.
La COPARMEX, celebra las recientes reformas constitucionales y leyes secundarias que dieron vida a la Guardia Nacional. El uso de 33 mil efectivos militares que apoyarán en tareas de seguridad pública por lo próximos cinco años de manera extraordinaria, regulada y complementaria con las fuerzas policiales, es un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, ve con preocupación que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya girado instrucciones complementarias ambiguas que impiden a las fuerzas armadas actuar.
Según se ha dado a conocer el ejecutivo ha encomendado al ejército la protección del territorio a la vez que les ha solicitado no enfrentarse, en ningún momento, con civiles para evitar violaciones a los derechos humanos.
Esta instrucción es poco clara y por tanto contraproducente. De ser interpretada de forma literal, la instrucción impide que las Fuerzas Armadas realicen funciones básicas de control, pues le impide enfrentarse a células criminales armadas o grupos paramilitares. La situación en La Huacana, Michoacán, lo ha demostrado.
No debe olvidarse que las Fuerzas Armadas son un combatiente efectivo de grupos armados que no puede quedar subordinado ante instrucciones vagas y sin claridad de proteger los derechos humanos.
Si no se giran instrucciones precisas y procedimientos puntuales a las Fuerzas Armadas que les permitan fortalecer su presencia en zonas ocupadas por el crimen organizado, a la par de proteger los derechos de los civiles no armados, se estará en el peor de los mundos. Uno en el que el país le haya apostado a una militarización temporal que resulta ineficiente debido a instrucciones ambiguas que les impiden ser efectivos.
La COPARMEX, apoya la estrategia que emprende actualmente el Gobierno Federal, con la cual por primera vez se llama a las Fuerzas Armadas a tratar de reducir el número de víctimas civiles y a tener un comportamiento apegado a los derechos humanos.
Sin embargo, hace un llamado para que el Presidente de la República gire instrucciones de forma contundente, con directrices adecuadas, que permitan el uso de la fuerza en casos extraordinarios como el presenciado en La Huacana, Michoacán.
Este llamado se extiende a los gobiernos estatales y municipales, quienes, a pesar de la presencia militar, deben de seguir apoyando de forma conjunta y efectiva con sus cuerpos policiales. Es solo con el involucramiento de los tres órdenes de gobierno que se podrá lograr una estrategia de largo plazo que reconfigure el sistema de seguridad de todo el país.
Sólo así se podrá avanzar en la reducción sostenida de la violencia. Se Necesita un Estado sin titubeos y con voluntades, con un aparato de seguridad fuerte que permita ser exitosos en una lucha de dicha envergadura.
