La grave contaminación del medio ambiente se suma a los retrocesos en el desarrollo de los derechos humanos con sus secuelas de violencia e inseguridad. La degradación ecológica que padecemos tiene su origen en una vieja, pero también muy contemporánea incompetencia de las autoridades para establecer regulaciones y protocolos efectivos para contenerla. Una crisis ambiental que se prolonga por el comportamiento de una sociedad incivil que no respeta a la naturaleza, que es irresponsable con los residuos sólidos y líquidos, y que muestra desinterés por la polución atmosférica. A este preocupante escenario se agrega una expansión poblacional desordenada y la voracidad de las empresas inmobiliarias e industriales que violentan las reglamentaciones de sustentabilidad.
Por si fuera poco, el actual gobierno desdeña la realidad del cambio climático, abandona las energías limpias, recorta recursos y personal para combatir incendios; favoreciendo el regreso al pasado impone inútiles refinerías, aumenta desproporcionadamente el uso del carbón y se empeña en impulsar proyectos de infraestructura sin medir su impacto ambiental. Ya sea que se trate del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía o de la refinería de Dos Bocas, la indolencia y la insensibilidad afloran en la Cuarta Transformación. Es hora de dar respuesta a una situación de emergencia derivada de la combinación de ilegalidad, impunidad, atentados ecológicos, creciente privatización de los recursos naturales y presencia criminal de mafias ambientales.
El cambio político que prometió el actual gobierno debe atender urgentemente la pérdida de recursos naturales y el deterioro del entorno, porque ello limita nuestro potencial de desarrollo presente y futuro, compromete el bienestar de la población y el destino del país. Tenemos pequeñas localidades rurales con frágiles ecosistemas donde es común la deforestación salvaje, y también grandes ciudades donde la problemática ecológica no involucra a la población, ni a la clase política. No existe preocupación alguna sobre el futuro del medio ambiente. Los ciudadanos deseamos gobiernos eficientes pero también aire limpio, agua suficiente y protección efectiva de la naturaleza.
La filósofa y activista hindú Vandala Shiva afirma que en nuestras sociedades los derechos de las personas y los derechos de la naturaleza fluyen en la misma dirección. Agrega que los comportamientos sociales no se encuentran determinados por una vocación biológica sino por una vida política obligada a dar respuesta a dos preguntas clave: ¿qué tipo de derechos tiene el sujeto viviente?; y ¿qué significa potenciar la vida en una sociedad democrática? Durante mucho tiempo, la vida biológica y la vida política se consideraron dos espacios separados, pero actualmente se han unificado por el creciente vínculo entre el destino de la especie humana y las relaciones sociales, económicas, jurídicas y políticas. La preservación de la vida biológica y cultural de las sociedades contemporáneas solo se materializará bajo un Estado Democrático de Derecho.
Los escenarios catastróficos que derivan de la crisis ecológica que vivimos son alarmantes. La ruptura de los equilibrios naturales proyecta todo tipo calamidades, desastres, tragedias e involuciones. Detener el desarrollo es imposible, sin embargo, es necesario dirigirlo y controlarlo. Por ello, el debate sobre el futuro de la sociedad mexicana no está en la moral de sus ciudadanos, sino en la capacidad social de implantar una nueva ética pública que reconozca los derechos de la naturaleza. La del medio ambiente representará una de las más exigentes pruebas de efectividad para el gobierno de López Obrador.
