La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 17/2019 al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza, por la inadecuada atención médica de un hombre de 24 años de edad por médicos adscritos a los servicios de anestesiología, neurología y psiquiatría del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de esa empresa, así como al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por la inadecuada procuración de justicia, atribuible a personal ministerial y pericial de la Agencia Tercera Investigadora Zona Sur Sin Detenido de la delegación de la Ciudad de México.
Este Organismo Autónomo acreditó que se vulneraron los derechos humanos a la protección a la salud e integridad personal, procuración de justicia y daño al proyecto de vida del joven, quien después de ser intervenido quirúrgicamente en 2016 de dos hernias, una inguinal y otra umbilical, presentó broncoespasmo severo que al no ser atendido de manera adecuada, pronta e inmediata, evolucionó a paro cardiorrespiratorio, lo que le generó hipoxia severa y deterioro neurológico, aunado al hecho de que durante su hospitalización, los servicios de neurología y psiquiatría inicialmente trataron y medicaron al joven como si presentara un trastorno de origen psiquiátrico y se le suministró medicamento contraindicado para pacientes con daño neurológico. Asimismo, se infringió el derecho de acceso a la información en servicios de salud, en perjuicio de la víctima y de sus progenitores.
La CNDH también acreditó la responsabilidad institucional de PEMEX respecto de la atención médica que se proporcionó al agraviado, por falta de medicamentos en el hospital, condiciones inadecuadas para que recibiera terapias de rehabilitación en ese nosocomio y obstáculos administrativos para las terapias que recibe actualmente en clínicas privadas, además de inadecuada integración del expediente clínico y probable alteración de diversas documentales del mismo.
Por ello, madre y padre de la víctima interpusieron denuncia de hechos ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, en la integración de la carpeta de investigación, la Agente del Ministerio Público Federal incurrió en inadecuada procuración de justicia al no centrar su actuación en identificar, investigar y citar a comparecer al personal médico responsable; pasaron más de seis meses para que solicitara los nombres de los médicos que operaron a la víctima y hubo inactividad procedimental por más de cinco meses.
Además, el área de servicios periciales de la PGR incurrió en dilación, al transcurrir más de diez meses entre la solicitud de la agente ministerial para la designación de perito y la emisión del dictamen de medicina sobre el caso, cuando la prueba era de crucial importancia, así como la falta de determinación de la investigación.
Por lo anterior, la CNDH recomendó al Director General de Pemex reparar el daño ocasionado a la víctima y sus familiares, que incluya atención médica, psicológica y de rehabilitación adecuada, en términos de la Ley General de Víctimas, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y se les proporcione compensación económica en la que se tome en cuenta el daño al proyecto de vida del agraviado, a quien se deberá proporcionar rehabilitación médica vitalicia en los términos y consideraciones planteadas en el capítulo de Reparación del Daño de esta Recomendación, cuyos gastos deben ser sufragados por PEMEX, y se le reembolsen los gastos comprobables absorbidos por su madre y padre, derivados de su atención médica y de rehabilitación.
Colaborar con la CNDH en la queja y denuncia que presente ante el Órgano Interno de Control en Pemex y la Fiscalía General de la República, respectivamente, en contra del personal médico, de supervisión y dirección y, de quienes resulten responsables, e incorporar copias de esta Recomendación en sus expedientes laborales y personales; capacitar al personal de ese hospital en derechos humanos y debida observancia de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, y emitir una circular para que los médicos entreguen copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas, para brindar un servicio adecuado y profesional.
A la Fiscalía General de la República le recomendó terminar de integrar y determinar la carpeta de investigación; colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que la CNDH promueva ante la autoridad competente contra una funcionaria pública y el personal pericial responsable, e incorporar copias de esta Recomendación en sus expedientes laborales; capacitar al personal ministerial y pericial de la citada Agencia Investigadora en derechos humanos, con énfasis en los derechos de las víctimas en temas relacionados con la salud.
