- Detalla la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, acciones que se emprendieron para brindar atención a familias afectadas en Tlahuelilpan, Hidalgo
- Informa avances de programas integrales para el desarrollo, enmarcados dentro de esta tarea emprendida por el Gobierno Federal
De acuerdo al plan que se inició hace tres meses para combatir la práctica del huachicol, la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, Diana Álvarez Maury, detalló las acciones que en el ámbito social que se han realizado con esta finalidad.
Junto al director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza, Diana Álvarez Maury especificó que tras la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo –por instrucción del Presiente de la República— se originó una coordinación entre diferentes dependencias para brindar apoyo a las familias afectadas.
Se entregó un apoyo humanitario de 15 mil pesos para hacer frente a gastos derivados de la emergencia a cada una de las familias. Fueron entregados 157 apoyos por un total de 2 millones 355 mil pesos.
Asimismo, se establecieron programas integrales para el desarrollo. Se determinó que en todas las áreas caracterizadas por la práctica del huachicoleo, a través de la Secretaría de Bienestar, se incentivara la creación de oportunidades, toda vez que estas prácticas se llevaron a cabo por la gran exclusión social que se dio en estas zonas.
Dentro de dichos programas se incluyó la Pensión para Adultos Mayores, uno de emergencia social y/o natural, la beca a víctimas por violaciones de derechos humanos, la educación básica ya sea para uno o más becarios, la beca de Educación Media Superior y la Producción para el bienestar.
También se estableció un recurso previsto para orfandad, ya que varios menores de edad quedaron en esta condición.
Además con la Secretaría de Cultura se generaron brigadas culturales a fin de promover procesos resilientes entre niñas, niños y adolescentes, así como entre sus familias. Adicionalmente, se les brindó apoyo psicológico y emocional.
Como parte de las acciones, se atendieron 30 escuelas públicas de educación básica y fueron capacitados 132 docentes para otorgarles herramientas físicas y emocionales en situaciones de riesgo y procesos resilientes para apoyar a la comunidad estudiantil.
Por otra parte, tras el deceso de 135 personas y la falta de espacio que esto originó en panteones, se gestionó la compra de terrenos de parte de PEMEX. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia otorgó diversos apoyos funerarios, toda vez que el resto fueron sufragados por el DIF estatal.
La Subsecretaria Diana Álvarez Maury señaló que ante la solicitud de familiares, se cerró y desvió el canal de riego que se ubica en el área donde ocurrió la explosión el pasado 18 de enero. Adelantó que se ha platicado con los familiares, quienes buscan destinar este espacio para que se construya un memorial, sobre todo, para que puedan asistir quienes no han podido obtener la identificación de los restos de sus familiares.
“Se está gestionando ya esta compra. También solicitaron que se les apoye para generar más empleos, autoempleo y actividades productivas, lo que estamos coordinando también con el Instituto Nacional de la Economía Social y con la Secretaría del Trabajo”, apuntó.
Las familias –añadió— han solicitado además, seguimiento y diagnóstico de atención médica, y “que los apoyemos con las instancias pertinentes para que se avance en la identificación del ADN y un contacto directo y permanente entre nosotros y este comité de familias”.
También se conformó un reporte de las acciones en materia de protección civil y se firmó un convenio con Jóvenes construyendo el futuro para fortalecer la protección civil. “Lo que se busca es que en 150 municipios que son aledaños y que tienen que ver con robo de combustible haya inscritos tutores para que los chicos tengan oportunidad de esta capacitación, y a partir del 18 de marzo se inició el proceso de inscripción de los jóvenes a este programa”.
Esto se lleva a cabo en 18 municipios de Hidalgo y 9 del Estado de México con tutores. “En total son 140 municipios que están inscritos en estos programas”. Se establecieron –además— consejos de protección civil en 18 municipios con el acta correspondiente y 15 que ya lo instalaron, pero todavía tienen su acta pendiente y 58 municipios que aún están en proceso.
Se desarrollaron acciones de difusión en municipios identificados con la práctica de huachicoleo para promover la cultura de la legalidad, desincentivar esta actividad y hacer énfasis en los riesgos de llevarlo a cabo. Se realizó también un estudio de evolución de impacto social y económico de la explosión en Tlahuelilpan, disponible en la página web del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
Los programas integrales son los desarrollados por la Secretaría de Bienestar, y van dirigidos a 9 estados (Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz), en cuyas entidades están contemplados 91 municipios que son aledaños o están dentro del área donde se ubican ductos de PEMEX.
La Subsecretaria Diana Álvarez Maury destacó el programa de Emergencia Social o Natural, que se hizo para mitigar los efectos negativos en la esfera de derechos sociales de las familias cuando hay un fenómeno social o natural que les afecte.
Se trata entonces -finalizó- de acciones no solo para atender lo ocurrido en Tlahuelilpan, sino como un programa integral que busca el Gobierno de México para combatir el robo de combustible, tomando en cuenta que lo que ha llevado a participar en esa actividad, en gran medida tiene que ver con una fuerte exclusión social.
