Desilusión, incertidumbre y confusión en temas centrales de nuestra transición política han sido la constante durante los primeros 100 días del actual gobierno. Conducir un país pluralista, complejo y demandante requiere claridad de objetivos. De las decisiones adoptadas pocas han sido realmente significativas para una radical transformación de nuestro tradicional sistema de relaciones económicas, políticas y sociales. Esto a pesar de mantener un elevado consenso popular y un acentuado control político en los espacios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En distintos temas el panorama es inquietante, mientras que la lucha contra la corrupción sigue siendo un discurso sin resultados. No obstante, el aspecto más preocupante es el uso de consultas a modo, y no reglamentadas, en las que participan sectores que no son representativos de la población, muchas veces movilizados por el partido en el gobierno y que se llevan a cabo para justificar decisiones tomadas previamente.
En la agenda social prevalece la ambigüedad respecto a temáticas centrales para los derechos humanos. Entre ellas el aborto, considerado por el gobierno como un asunto polémico que debe ser definido a través de consultas ciudadanas. Debemos recordar que el aborto no solo alude a la interrupción del embarazo, sino que el modo como se conceptualiza evidencía una concepción de la vida, del orden social, de la familia y de la sexualidad. El aborto no puede reducirse a un tema de salud pública, porque las concepciones en juego son culturales, políticas, religiosas y morales. De las respuestas que se ofrezcan, dependerán otras importantes cuestiones como su criminalización, los derechos reproductivos, sus aspectos terapéuticos y la soberanía de la mujer. El debate sobre el aborto afecta la libertad y la autodeterminación de la persona, el pluralismo y la tolerancia. El aborto siempre existirá mientras se produzcan embarazos no deseados.
Históricamente el aborto ha sido una cuestión personal que la mujer resolvía según los patrones culturales y legales vigentes. La emergencia de las mujeres como grupo de interés reivindicándolo como un derecho transformó una decisión personal en un tema de agenda pública. El movimiento feminista desafió el orden imperante al reclamar para las mujeres el derecho a controlar el aborto. Así, un tema personal se transformó en una demanda política cuando se asoció con el derecho a la igualdad y la no discriminación. Una mujer es libre si puede elegir continuar o no su embarazo. Desde una perspectiva conservadora tales exigencias resultan disfuncionales ya sea porque los roles familiares se alteran si ellas son económicamente independientes o porque la maternidad se asume como una opción entre otras prioridades. Para el estilo de vida tradicional cualquier cambio en el curso de la ciudadanía sexual constituye una amenaza.
El tema del aborto no es una disputa sobre lo justo o lo injusto, lo moral o lo inmoral, sino que representa más bien un conflicto entre valores positivos entre los que destaca la libertad. Si una persona tiene derechos de alguna clase, estos son ante todo derechos sobre su propio cuerpo. Si existe alguna propiedad de algo, es la propiedad del propio cuerpo. Él nos pertenece en un sentido íntimo, vital y radical. Por ello, el derecho al propio cuerpo no se puede consultar, los derechos humanos no son materia de deliberación alguna, simplemente se deben ejercer porque ellos representan la esencia de cualquier democracia.
