Exhorta COPARMEX CDMX a una mayor discusión sobre arrendamientos inmobiliarios

 

COPARMEX Ciudad de México lanza un atento llamado al Congreso de la Ciudad de México para llevar una discusión más amplia sobre las propuestas de reformas al Código Civil en materia de arrendamiento, pues ponen en peligro el Derecho a la Propiedad en la capital.

Los empresarios de la CDMX, estamos convencidos de que el Estado es el responsable de garantizar el Derecho Humano a la Vivienda de los capitalinos, a través de la creación de instrumentos y mecanismos en la Ley; pero no puede trasladar esa responsabilidad para que sean los particulares dueños de inmuebles quienes garanticen este derecho fundamental.

Quienes integramos el Centro Empresarial de la Ciudad de México somos sensibles a las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por la pandemia, por lo que estamos a favor de coadyuvar con el Gobierno a encontrar mecanismos extraordinarios para auxiliar a quienes habitamos la CDMX durante la contingencia sanitaria, pero estas medidas no deben vulnerar la certeza jurídica, ni poner en riesgo las propiedades de particulares.

Los empresarios de la capital hemos señalado el impacto económico que ha provocado en todo el mundo el COVID-19, situación que ha creado inestabilidad de los ingresos a las familias, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

Sumado a esta situación, las medidas propuestas por la bancada de MORENA en el Congreso local, además de vulnerar garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, implica una desaceleración del sector inmobiliario, ya de por sí golpeado por la pandemia mundial.

Lo que, por un lado, frena la competitividad de la Ciudad de México, y por el otro encarecería los precios de los arrendamientos, derivado en una poca oferta de inmuebles para arrendar.

Finalmente, señalamos como ilegal la consulta ciudadana propuesta por el Congreso de la Ciudad de México con respecto a la Ley, pues de ninguna manera se pueden poner a consulta derechos garantizados por la Constitución a todos los mexicanos.

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