El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, el cual reveló que los centros de reclusión de Guanajuato, Querétaro y Coahuila alcanzaron calificación mayor a 8, mientras que los de 21 entidades obtuvieron entre 6 y 8, y los de Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas resultaron reprobados al conseguir menos de 6 puntos
Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario, al que como sociedad no se quiere voltear a ver ni interesan la situación y realidad que allí se viven.
“Suponer que la prevención y la investigación de los delitos, así como la procuración y administración de justicia concluyen cuando se determina contra una persona una pena privativa de libertad implica una visión limitada y parcial. Los centros penitenciarios, si no se atienden y vigilan, pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad. Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta”, aseguró.
Ante ese panorama, destacó que desde la CNDH se ha señalado de manera reiterada la necesidad de diseñar y desarrollar políticas públicas que promuevan la justicia social, de manera general, y la justicia restaurativa, de manera específica, así como promover condiciones dignas de encarcelamiento y sensibilización acerca de que las personas en reclusión también son integrantes de la sociedad, y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.
Acompañado por la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, González Pérez enfatizó que, a pesar de los indudables avances, aún queda mucho camino por recorrer para que en el sistema penitenciario en México los derechos humanos se respeten y sean plenamente vigentes, de ahí que el DNSP sea una herramienta que hace posible medir e identificar deficiencias, áreas de oportunidad y logros. Detalló que dicho instrumento contiene consideraciones cuantitativas y cualitativas, que se muestran mediante semáforos correlacionados con las calificaciones y con aspectos positivos que aluden a una adecuada práctica o, en su caso, con deficiencias o situaciones negativas importantes de atender.
Respecto de la cancelación de las Islas Marías como centro penitenciario, González Pérez, señaló que no obedeció a un camino deficiente a la reinserción social, y en opinión de la CNDH era el mejor o de los mejores centros penitenciarios para hacer vigente un principio constitucional, y remitió a revisar las buenas calificaciones obtenidas en años anteriores. “Cuando se trata de más de un derecho humano, hay que ponderar los derechos y hacerlos compatibles; yo creo que debió buscarse la mejor alternativa entre lo ecológico y el principio de la reinserción social, y no creo que abone a ese principio”.
Alertó sobre el riesgo de que se rebasen los espacios penitenciarios con la prisión preventiva oficiosa, que para la Comisión Nacional representa un retroceso, porque puede tener a inocentes en la cárcel durante el tiempo del proceso y a responsables absueltos al término del mismo, porque no se acompaña de lo que debe ser la prisión preventiva justificada que procedería sobre cualquier delito. “Va a crecer potencialmente la población penitenciaria, es el riesgo y no tenemos resuelto, por lo menos en el ámbito local, el tema de una reclasificación adecuada en once centros. Por eso, cuando se toman las medidas, deben ser integrales”.
Indicó que es necesario establecer una política criminológica integral que considere no solo a la policía, Ministerios Públicos y al Aparato de Administración de Justicia, sino también el tema de la reinserción social de las personas en reclusión.
Así, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 reveló que los centros de reclusión de Guanajuato, Querétaro y Coahuila alcanzaron calificación mayor a 8, mientras que los de 21 entidades obtuvieron entre 6 y 8, y los de las restantes ocho entidades –Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas— resultaron reprobados al conseguir menos de 6 puntos.
Para la aplicación del Diagnóstico, se visitaron 199 centros de detención varoniles, mixtos y femeniles a nivel nacional, de los 308 que se encontraban en funcionamiento, lo que significa que se supervisó al 55%. De ellos, los centros estatales obtuvieron calificación promedio nacional de 6.45, que representó aumento sostenido respecto de los cuatro años anteriores (6.02, 6.21, 6.27 y 6.30 de 2014 a 2017).
A su vez, los centros federales tuvieron 7.48 en global, que significó aumento respecto de las calificaciones de los dos años anteriores (7.21 en 2016 y 7.33 en 2017), mientras que la calificación promedio para las prisiones militares fue de 8.21, que constituyó también incremento comparando con los dos años precedentes (7.93 en 2016, y 8.13 en 2017).
De las cárceles municipales se señala que su regularización constituye un importante avance para el Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Recomendación 28/2016 de la CNDH, por lo que actualmente los 9 centros municipales que subsisten se encuentran en proceso de normalización acorde con los artículos 18 y 21 Constitucionales.
El total de población de las prisiones visitadas, de acuerdo con el día de la supervisión, fue de 182,955 personas, que significó el 89% del total de la población recluida del país, correspondiendo 164,094 internos a centros estatales, 18,403 a centros federales y 458 a prisiones militares.
Los centros estatales con mayor promedio en 2018 fueron: en Guanajuato, Centro Estatal de Reinserción Social de San Miguel de Allende, 8.57; Centro Estatal de Reinserción Social de León, 8.52, y Centro Estatal de Reinserción Social Valle de Santiago, 8.49; Centro Penitenciario Femenil Saltillo, en Coahuila, 8.56, y en Querétaro, el Centro de Reinserción Social Femenil de San José El Alto, 8.56.
Los Centros Federales mejor calificados fueron tres de las Islas Marías, CEFERESO “Aserradero”, 8.67, CEFERESO “Bugambilias”, 8.50, y CEFERESO “Morelos”, 8.45, que por última ocasión serán tomados en cuenta en el DNSP debido al cierre de los mismos; en tanto, el CEFERESO “CPS” Número 8 de Guasave, Sinaloa, obtuvo 7.89, y el CEFERESO Número 12 “CPS”, en Guanajuato, 7.87.
Las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los centros estatales se refieren a separación entre procesados y sentenciados (76%), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (72%), sancionados, sujetos a protección (33%), cocina y comedores (46%), insuficiente personal de seguridad y custodia (84%), hacinamiento (36%), falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo (70%).
También se identificaron como deficiencias importantes la falta de prevención y atención de incidentes violentos (48%), así como las condiciones de autogobierno/cogobierno (45%). En 34% de los centros estatales persiste la sobrepoblación y en 32% hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad. En el área médica del 50% de los centros se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene, y en 51% existen deficiencias en cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias.
En los Centros Federales, los resultados muestran que en 20 de ellos hay insuficiencia de personal, en 14 concurre la carencia de actividades laborales y de capacitación. El derecho de protección a la salud es un problema generalizado en estos Centros dada la falta de personal médico, así como la deficiencia en su atención; en 13 se detectó falta de acceso de los internos a actividades deportivas.
En la edición 2018 del DNSP se incluyó un referente cualitativo adicional que permite identificar también avances y puntos de oportunidad en el cumplimiento de los fines de la prisión, entre otros, que en el 81% de los Centros Estatales se observó adecuada integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario y en más del 38% se constataron mejoras sobre condiciones materiales e higiene en talleres y áreas deportivas. En los Federales hubo significativo avance en capacitación de personal y condiciones materiales de las instalaciones.
