- Si se desea una reconciliación entre los mexicanos y se quiere que haya justicia que permita el desarrollo y bienestar de la población, se tienen que ir cerrando estos expedientes, señala
- Se están revisando 538 casos en los que se señala vulneración de los derechos y cuyos afectados se consideran presos políticos en el país
En conferencia de prensa junto a los seis presos políticos liberados de San Pedro Tlanixco, Estado de México, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, precisó que este acto es una reivindicación con los defensores de los recursos naturales, quienes a los largo de 16 años fueron objeto de abuso de autoridad por la complicidad de intereses con particulares.
Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozabal fueron sentenciados a 50 años de cárcel por de un delito que nunca se comprobó; se vulneraron gravemente sus derechos humanos y se alteró su vida familiar y la de su comunidad que se opuso al despojo de sus tierras y de un recurso fundamental para el desarrollo de su actividad productiva como es el agua.
En la Sala de Prensa de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas subrayó que son 16 años de injusticia que difícilmente se podrá reparar, pero que desde la Subsecretaría a su cargo, se velará por garantizar su tranquilidad.
La finalidad es que puedan reintegrarse con sus familias, a su actividad productiva y también a su comunidad. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración añadió que se canalizará el caso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“No solamente queremos que Tlanixco sea una experiencia emblemática, sino que sea referente para la reivindicación de justicia de muchos abusos que existen”, dijo el funcionario al refrendar que se buscará que estos actos no vuelvan a repetirse.
Asimismo, informó que se están revisando 538 expedientes –479 hombres y 59 mujeres– que han solicitado la intervención del Gobierno Federal por señalar que se han vulnerado sus derechos humanos y que se consideran presos políticos en el país. “Por supuesto –aclaro— que en esa cifra ni son todos los que están, ni están todos los que son, puede variar de manera muy significativa”.
Precisó que la gran mayoría se concentra en estados con problemas de marginación, comunidades indígenas y zonas donde hay conflicto permanente por la tierra, agua y recursos naturales (Guerrero 140, Puebla 71, Estado de México 65, Ciudad de México 52 y Oaxaca 51). “Son casos de personas que estamos revisando porque son personas de carne y hueso, no son una estadística”, aseguró.
Estos cinco estados –dijo— agrupan la inmensa mayoría de los presos que se consideran de conciencia en los penales del país, por lo que detalló se trabajará para que aquellas personas que han sido objeto de abuso de autoridad y que se encuentran indebidamente en prisión, puedan obtener su libertad y pueda repararse el daño cometido por la autoridad.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración sostuvo que si se quiere pacificar al país, si se desea una reconciliación entre los mexicanos y se quiere que haya justicia que permita el desarrollo y bienestar de la población, se tienen que ir cerrando estos expedientes.
Ello –ratificó— “con actos de justicia y reivindicación para que todas las mexicanas y los mexicanos podamos volver a vivir en paz y con un Gobierno que esté del lado de la gente que trabaja, que busca salir adelante”.
