La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan tendrá efectos generales en todo el país, afirmó el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo se paga con cárcel en 28 entidades del país, sólo está permitida en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.

El pleno de ministros declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila que castigaban hasta con tres años de prisión el aborto voluntario.

“Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mexicanas y las personas gestantes; a partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables”, celebró Zaldívar. Explicó que, como la decisión se aprobó superando la mayoría calificada, sienta jurisprudencia: “con este criterio unánime del tribunal constitucional, no sólo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino que se establece un criterio obligatorio para todos los jueces del país.”

Esto significa que todos los juicios pendientes de resolver, que impliquen castigar con cárcel a una mujer por interrumpir su embarazo, tendrán que ser fallados en el mismo sentido dictado por la SCJN, liberando a la acusada.