En comisiones las y los legisladores aprobaron reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Penal de la entidad para obligar a todos los municipios a emprender campañas de esterilización gratuitas de forma permanente y castigar con mayor severidad a quien maltrate a un animal.

El Código Penal vigente establece penas mínimas de 6 meses a 2 años, pero con la propuesta de la diputada María Elizabeth Millán García, se aumenta la pena máxima hasta a 4 años y de 150 a 300 días multa a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no sea plaga.

La penalidad podría ser de 6 años de prisión si se prolonga la agonía del animal y hasta 9 años si la persona que comete el delito es un servidor público encargado de cuidar animales

La iniciativa fue aprobada por unanimidad por quienes integran las comisiones de Legislación y Administración Municipal, con Protección Ambiental y Cambio Climático y serán sometidas a votación esta semana en el pleno.

A quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril o cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, tendrá una pena igualmente de seis meses a cuatro años y de 50 a 150 días de multa, duplicandose si el maltrato es fotografiado, videograbado y/o difundido.

En los casos donde cause la muerte no inmediata y prolonguen su agonía, tendrá una sanción de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa, pero si los infractores son servidores públicos encargados del manejo de animales se aumenta en una mitad, lo cual equivale a nueve años.

El segundo tema que se aprueba con esta iniciativa es la creación de las Unidades Municipales de Control y Bienestar Animal y del Consejo Municipal que deberán estar presentes en cada uno de los municipios, con precisiones en sus obligaciones, entre las cuales están desarrollar y aplicar programas de esterilización permanente de perros y gatos de compañía y en situación de calle.

Esto sumado a promover la educación y cultura de convivencias responsable; vacunarlos, promover la adopción de animales, llevar a cabo el control de perros y gatos en situación de calle por medio de la esterilización para evitar que la población canina siga creciendo.

Los centros deberán contar con todo el equipo, servicio médico veterinario, unidades móviles además del personal médico necesario y capacitado para brindar el servicio a la población que lo solicite.

Para estas tareas, de acuerdo con la propuesta, bastaría con destinar al menos 0.02 por ciento del presupuesto municipal, es decir 66.6 millones y con ello poder atender a 411 mil animales, lo cual significa esterilizar al 10 por ciento de la población total en situación de calle y promover la cultura de la responsabilidad y tenencia en condiciones adecuadas.

Las estimaciones actuales indican que en la entidad existe un perro por cada cuatro habitantes y que la cifra de animales en situación de calle aumentó con la pandemia, al grado que siete de cada 10 perros y gatos no tienen hogar, por lo cual se recogen al día 600 toneladas de heces fecales.

Las comisiones legislativas de procuración de justicia iniciaron el análisis de reformas al Código Penal mexiquense para volver a sancionar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y a quienes les permitan ingresar a lugares donde se vendan esas bebidas como cantinas o bares.

La propuesta es una penalidad de hasta 9 años de prisión pero el PRI advirtió que aunque está de acuerdo en sancionar la conducta de venta de bebidas a menores, no considera necesario señalar como delito el ingreso de menores a establecimientos donde se vende alcohol.

Anteriormente, el Código Penal del Estado de México tipificaba la venta de bebidas alcohólicas como un delito, pero en 2017 el ex gobernador Eruviel Ávila envió una iniciativa para que solamente fuera sancionado como falta administrativa y su propuesta fue aprobada por la mayoría priista, con reproches de la posición que votó en contra.