• Las autoridades deben garantizar trato digno, evitar el uso desproporcionado de la fuerza pública y protegerlo contra la violencia: Jorge Olvera García.
  • La situación de vulnerabilidad por edad, pobreza, desempleo o instrucción básica trunca, determinan el que una persona decida dedicarse al comercio ambulante.

 Las y los comerciantes ambulantes y semifijos deben ser protegidos ante la criminalización de su actividad y hacer valer sus derechos al trato digno, a no ser sometidos al uso desproporcionado de la fuerza pública y a la protección contra toda forma de violencia, afirmó en entrevista el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García.

Explicó que existen causas estructurales como la situación de vulnerabilidad por edad, pobreza, desempleo o instrucción básica trunca, que determinan el que una persona decida dedicarse al comercio ambulante, una actividad de alto impacto económico y social porque representa el sustento de miles de familias en el país.

Sin embargo, dijo, esta actividad debe enfrentarse a la inseguridad y la violencia, lo cual limita el ejercicio de los derechos de quienes la practican, afectando la obtención de ingresos ante el cierre de negocios o, en el caso de ambulantes, el decomiso de sus mercancías, multas y el eventual uso de la fuerza pública entre amenazas o malos tratos.

Olvera García dijo que, hoy por hoy, el comercio informal es una vía de recuperación económica para muchas familias que resultaron afectadas por la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, por lo que debiera apreciarse desde el enfoque de derechos humanos, de impulso a la economía y de las políticas destinadas a reducir la marginación y la pobreza de los sectores sociales más vulnerables.

En lugar de criminalizarlo y perseguirlo, añadió Olvera García, las autoridades deben generar acciones para que el comercio ambulante o semifijo pase a la formalidad, con programas que ayuden a superar las citadas condicionantes y a evitar que las personas que ejercen esta actividad sigan expuestas a los riesgos que implica el permanecer mucho tiempo en la vía pública, accidentes, delincuencia y múltiples formas de violencia, entre las que se encuentra la violencia institucional.

Como ejemplo de dichas acciones señaló la mejora regulatoria, la simplificación y modernización administrativa, la creación de nuevas modalidades de comercio y corredores comerciales, incentivar la legalidad de productos, actuar ante riesgos sanitarios y, sobre todo, proteger sus derechos humanos.

En entrevista concedida a distancia, el ombudsman mexiquense explicó la necesidad de capacitar y establecer protocolos basados en la observancia de los derechos humanos, para que las personas servidoras públicas que deban tratar con comerciantes actúen adecuadamente, en apego a la legalidad, entendiendo que una falta administrativa no debe ser el motivo para criminalizar, discriminar ni violentar a quien la comete.

Afirmó que los operativos policiacos contra el ambulantaje deberían ser siempre preventivos, disuasivos y para el mantenimiento del orden, no la fuente reiterada de actos de abuso de autoridad, del uso desproporcionado de la fuerza pública y, por tanto, de la violación de derechos humanos, como ocurre sobre todo en el ámbito municipal.

De hecho, dijo, la Codhem brinda, asiste y da acompañamiento jurídico a comerciantes y a sus familiares cuando sus derechos han sido vulnerados, cumpliendo su deber de velar por el respeto a la dignidad de este sector de la sociedad.

DATO:

  • El Censo Económico del INEGI 2018 indicó que casi 7.5 millones de personas trabajaban en comercios, con lo cual, dicha actividad se ubicó en el segundo lugar por el número de personas que laboraban en él, sobresaliendo los varones, con 53% del total. Asimismo, el Estado de México es la entidad con más empleadas y empleados en dicho sector, seguida por la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León.
  • Un dato revelador que dio la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es que, derivado de la crisis sanitaria que se vive, entre siete y ocho comercios de cada 10 existentes, podrían cerrar para siempre.