Este viernes anduvo por Mexicali la candidata Marina del Pilar para presentar, con la compañía de la candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, sus propuestas de campaña para los primeros 100 días de gobierno, que transcurrían entre el 1 de noviembre de 2021 y el 8 de febrero de 2022, periodo en el que se compromete a ejecutar acciones concretas en beneficio de todas y de todos.

Cabe señalar que, mientras las conferencias de prensa, las reuniones, y resquebrajar alianzas para ser el común denominador de la oposición, Marina del Pilar reafirmó que todas esas ideas no salieron de otro lado que de la población que se acercó a dialogar con ella en las diversas colonias que visitó, en donde gran parte de la población muestra simpatía por la Cuarta Transformación y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La candidata dijo ser sensible a las necesidades de los más desprotegidos, por lo que adelantó que su campaña ha estado orientada al contacto directo y a las propuestas, ya que tiene claro que el bienestar de las personas depende en gran medida del interés y compromiso de las autoridades que presidan las instituciones.

Ayer comentamos que están por cerrar las campañas y las impugnaciones en tribunales se siguen presentando. La carga de trabajo en el Tribunal de Justicia Electoral es alta y, como lo que se resuelve en los estados casi en todos los casos terminan en las salas regional y la sala superior, los magistrados tienen mucho que resolver y deben hacerlo en lo más de los casos entes de que llegue el domingo seis de junio, día de las votaciones.

Comentamos el caso de Rigoberto Campos, a quien le dieron 72 horas para acreditar fehacientemente que es “candidato indígena” y que efectivamente representa a la tribu Cucapá de las originarias en Baja California, los que se inconformaron con su candidatura y resultó que presentó una carta de los Cucapá del lado de Sonora y su caso sigue en el aire, si lo mantienen o lo dejan fuera y la quitan la candidatura, con el agravante de que ya está interviniendo la Fiscalía General del Estado a cargo de Guillermo Ruiz Hernández, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que dirige Marina Ceja Diaz ante la posibilidad de que haya falsificación de documentos.

Todo esto por las llamadas acciones afirmativas que obligan a los partidos a registrar a un número determinado de candidatos que deben provenir de población vulnerable y en esa categoría metieron a jóvenes, minusválidos, LGTB y comunidades indígenas. La autoridad electoral metió a estos grupos para que estuvieran realmente representados, no para que se aprovecharan de ellos los políticos de siempre haciéndose pasar por indígenas o hasta por LGTB sin serlo.

En Morena también se les está cayendo la candidatura de Miriam Cano, actual diputada en ejercicio, quien se anotó en busca de la reelección, pero como representante de la etnia triqui del sur de Ensenada. Ella iba por el distrito XVII (17), y le acaban de avisar que está fuera. La decisión que quitarla se tomó por quienes integran el Consejo Distrital y naturalmente los abogados de Morena de inmediato se pusieron a trabajar en busca de que le restituyan la candidatura.

Francisco Javier Tenorio Andújar, el representante de Morena ante el IEEBC ve, no una sino varias anomalías en la decisión del Consejo Distrital para dejar fuera a Miriam Cano. Dice que hicieron una valoración parcial, que el Consejo citó a sesión con solo dos horas de anticipación, no circularon el proyecto con el tiempo debido para poder opinar y en síntesis que violentaron la normatividad electoral y van a pelear el caso en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, ante los magistrados Jaime Vargas Flores, Carola Andrade Ramos y Elva Regina Jiménez Castillo.

Tenorio Andújar reconoce que Miriam Cano no es triqui, pero la etnia la reconoce como parte de su comunidad por las muchas gestiones y acciones a favor de ellos, no de ahora, sino de muchos años atrás promovidas por la familia Cano, y ante eso tienen confianza en que le devolverán la candidatura y debe resolverse antes del seis de junio, día de la elección.

Por cierto, que Tenorio Andújar confirmó que tienen impugnado el registro del teniente Julián Leyzaola otorgado por el IEEBC como candidato a la alcaldía de Tijuana. La impugnación está en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral con sede en la ciudad de México. Se plantea que los representantes legales del PES engañaron a los magistrados de la Sala Guadalajara desde donde salió la orden al IEEBC para que le dieran al registro, al no avisar que había sido desechada en definitiva una suspensión para no ser detenido al pesar sobre él (la que sigue vigente), una orden de aprehensión por el delito de tortura. También en este caso la sala superior debe resolver antes del domingo seis y de ordenar que le retiren la candidatura al teniente, el PES tendría que volver a nombrar a un sustituto.

Por lo pronto el militar en retiro, aunque sigue sin aparecer en público, ya tiene confirmado su registro como candidato. Le habían dado cinco días para que presentara un examen contra uso de drogas. El acuerdo era que el examen se lo debía practicar en el Issstecali, pero presentó el de un laboratorio particular, se lo aceptaron y le expidieron la constancia de registro.

Donde tuvieron actividad fue en la Comisión de Gobernación del Congreso que preside el diputado Juan Manuel Molina García. Analizaron un dictamen que votaron en forma unánime para aprobar una nueva ley completa para el Tribunal de Justicia Administrativa. A fines de abril el gobernador Jaime Bonilla Valdez envió la iniciativa y en menos de dos meses está por salir, solo falta que la presentación a votación final de pleno y ya está. Para quienes se pregunten qué hace este tribunal, es a donde acude cualquier ciudadano que no está conforme o que siete que la administración estatal le está aplicando un cobro indebido, una multa que no lo convence o cosas parecidas y ahí resuelven esas controversias.