Con el propósito de blindar el proceso electoral y evitar el uso indebido de recursos públicos, las fiscalías general de Justicia y Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y la Secretaría de la Contraloría General, firmaron un convenio de colaboración.

En la firma, realizada de manera virtual, participó la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos; el secretario de la Contraloría, Juan José Serrano Mendoza; y la Fiscal para la Atención de Delitos Electorales, Alma Elena Sarayth De León Cardona, coincidieron en que el objetivo es robustecer la atención de posibles denuncias y la procedencia de las mismas.

La fiscal capitalina señaló que se estará intercambiando materiales, algún tema, incluso para el día de la jornada, pues por “Ley estamos obligados a tener ese despliegue territorial que lo estaremos cumpliendo a través de los Ministerios Públicos que se tienen en las 16 alcaldías de la Ciudad de México”.

Además se colocarán Ministerios Públicos Móviles en algunos lugares estratégicos para atender las posibles denuncias y darles seguimiento, ya que muchas podrían ser faltas administrativas por parte de los servidores públicos, o tipificarse como algún delito, y es ahí donde se fortalece la colaboración con la Contraloría.

Por su parte, el Secretario de la Contraloría General declaró que en esta nueva etapa se tiene una gran responsabilidad dado que la ciudadanía lo merece y, en días previos a las elecciones, dicha dependencia emitirá una circular en donde se especificarán las normas y restricciones para las instituciones y servidores públicos para que no incurran en algún delito electoral; de hacerlo, se procederá de acuerdo con la ley, abundó.

La elaboración del convenio es un esfuerzo de todos, es muy puntal y tiene grandes alcances, más allá del proceso electoral, señaló la fiscal, quien puntualizó que es necesario impulsar la cultura de la denuncia, la capacitación de servidores públicos y blindar los programas sociales.

Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada señaló que la firma ayudará al fortalecimiento de los lazos institucionales y el intercambio de información por denuncias en caso de la probable participación de servidores públicos durante el proceso electoral.