Miles de personas salieron a las calles de Colombia impulsados por la reforma tributaria impuesta por el gobierno de Iván Duque que busca ponerles impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, ampliar la base gravable del impuesto de renta, imponer un impuesto solidario para salarios altos, poner impuesto al patrimonio por dos años, IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre otros.

Esta polémica ha derivado en múltiples manifestaciones, a pesar de la pandemia mundial por el Coronavirus y la tercera ola de contagios en el país, esto no ha sido un freno para que los inconformes salgan a protestar.

Tras seis días de manifestaciones contra el gobierno, la cifra oficial de muertos asciende a 19  —entre civiles y policías—, los heridos se cuentan por cientos y el país sigue sumido en una crisis de derechos humanos que ni siquiera el anuncio del presidente de retirar la reforma ha podido acallar.

Para entender esta reforma el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, argumenta que  buscaba con esta obtener recursos por el equivalente a US$ 6.000 millones anuales para poder continuar con los programas sociales de asistencia a los más pobres y a quienes lo han perdido todo por la pandemia de covid-19.

Fue una propuesta polémica en medio de una de las peores crisis económicas por las que hayan pasado los colombianos debido a la pandemia de coronavirus.

Esta propuesta no fue bien recibida por los colombianos quienes el 28 de abril salieron a levantar la voz en desacuerdo por esta medida. Muchas manifestaciones terminaron en hechos violentos, desmanes y vandalismo. Cientos de civiles y policías resultaron heridos y varias personas han muerto en medio de los enfrentamientos en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, entre otras.

Después de varios días de protestas y el retiro de la reforma tributaria el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla renunció a su cargo un día después de que el presidente Duque anunciara el retiro de la reforma fiscal, según un comunicado de la Presidencia. Según la nota oficial, Carrasquilla anunció su decisión tras “una reunión cordial” con Duque. Para el gobierno, según el texto, “llegar rápidamente a un consenso democrático en torno a una reforma del sistema impositivo colombiano es un imperativo”. El cargo fue cedido a José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, como nuevo encargado de Hacienda.

Las protestas, que en su mayoría han sido pacíficas, sin embargo también dejaron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en varias ciudades del país. Las cifras sobre heridos, muertes y afectados varían.

Entre las cifras más alarmantes hay 19 muertos en los últimos cinco días, cientos de heridos y 140 quejas por uso excesivo de la fuerza pública, además de 540 policías heridos, 306 civiles lesionados y uno fallecido.

La ONG Temblores, denunció la violación de derechos humanos durante las protestas, y han reportado 26 muertes de manifestantes a manos de la policía, más de 1.100 casos de violencia policial, 761 detenciones arbitrarias, 9 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública, y decenas de casos de «desapariciones en el contexto de las movilizaciones.

Estos actos han derivado, según el ministro de Defensa, han abierto 29 investigaciones disciplinarias, 7 investigaciones penales con la fiscalía y 5 investigaciones por parte de la justicia penal militar, por denuncias relacionadas con abuso de autoridad de la fuerza pública.

«Allí donde haya denuncias es necesario hacer las investigaciones respectivas. Se están aplicando los procesos», dijo Molano a periodistas.

En cuanto a las denuncias de supuesto abuso policial, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, dijo que dio instrucciones al inspector de la institución para abrir 26 investigaciones preliminares. También reportó que se han vandalizado 94 bancos, 254 comercios, 14 peajes, 4 estatuas, 69 estaciones de transporte, 36 cajeros, 2 gobernaciones, 43 CAI y 21 CAI más destruidos.

Diego Molano, ministro de defensa lamentó este domingo las muertes y relacionó las manifestaciones violentas al vandalismo, e indicó que detrás de algunos hechos de violencia durante las protestas, hay al menos seis grupos criminales presuntamente vinculados.

El sábado Duque ordenó la militarización de las ciudades donde los disturbios son más violentos “donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos” Mencionó: “La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá, en coordinación con alcaldes y gobernadores, hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público”. Y aclaró que esta asistencia será de forma temporal y excepcional.

La respuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue negativa ante la militarización de las calles de Bogotá. También lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien dijo que la ciudad «no solicitará asistencia militar», y agradeció al Ejército seguir acompañando «las tareas de protección de infraestructura crítica en la periferia y zonas rurales de la ciudad».

En la ciudad de Cali, las manifestaciones han sido multitudinarias, la ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, ha sido testigo de desmanes de la fuerza pública, enfrentamientos y afectaciones al orden público. En redes sociales muchos han denunciado casos de abuso policial.

La Secretaría de Movilidad de Cali informó a través de la cuenta oficial de Twitter que varias de sus vías fueron bloqueadas en el marco de las protestas que se realizan en la ciudad en contra del gobierno. En el reporte de las 8:00 p.m., hora local, reportaban al menos 20 vías bloqueadas.

 

La alcaldía su vez anunció que tendrá canales humanitarios para transporte y abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible e insumos primordiales para la ciudad.

El ministro de Defensa, quien se encuentra en Cali para monitorear la situación de orden público, dijo el sábado en conferencia de prensa que «según información de inteligencia, los actos criminales y terroristas en Cali corresponden a organizaciones criminales y terroristas… Las investigaciones avanzan para determinar la judicialización de quienes están detrás de todos estos nefastos actos que han afectado a Cali».

Al menos 4.000 soldados y policías se movilizaron el pasado viernes en la ciudad y se prepararon para posteriores movilizaciones, según indicó Molano y solo en los primeros días de las manifestaciones se registraron 10 homicidios durante las manifestaciones, según el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos Rodríguez, dos de ellos ocasionados por arma blanca y ocho por arma de fuego, entre ellos uno de manera mixta, con arma contundente también. Entre las víctimas se encuentra un menor de 16 años y un adulto mayor de 61 años.

Tras el anuncio militarizar Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que más que militarizar las calles del país, lo que se requiere «abrir un gran diálogo Nacional con todos los sectores que permita un gran Acuerdo sobre la pandemia del Covid y sus consecuencias socio económicas».

El aeropuerto de Cali, suspendió temporalmente este lunes desde a las 5:00 p.m., hora local, sus operaciones comerciales debido a los bloqueos de vías de la ciudad en el marco de las protestas contra el gobierno.

ONU por su parte denunciado amenazas por parte de la Policía en Cali, la alta comisionada de la institución en Colombia dice que miembros de su comisión han sido amenazados y atacados en Cali, Colombia, mientras investigaban protestas por un proyecto de ley de reforma tributaria.

La comisionada Juliette de Rivero acusó este martes a la policía local de disparar contra miembros de la comisión de ONU Derechos Humanos Colombia, pero dijo que nadie había resultado herido.

CNN se ha comunicado con la oficina del alcalde, la oficina del gobernador y el Departamento de Policía para obtener una respuesta a la acusación. Aún no han respondido públicamente a las afirmaciones de Rivero.

Diego Molano, ministro de defensa dijo este martes que se comunicó con el subdirector de Naciones Unidas en Colombia “Es necesario que se lea el informe que está haciendo la procuraduría al respecto, que se desarrolle las investigaciones, pero aquí toda a la disposición para garantizar que las actividades sean transparentes”, dijo sobre la denuncia de la ONU.

Horas antes, Rivero había escrito en Twitter que estaba preocupada por la información que estaba recibiendo ONU Derechos Humanos Colombia sobre un número no confirmado de muertes en la zona de Siloé de la ciudad de Cali.

Las autoridades de Cali no han emitido ningún comunicado oficial que informe si hay muertos o heridos en la zona.

En un comunicado desde Ginebra, Suiza, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, expresó su profunda alarma por los hechos ocurridos en Cali donde «la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y, según informes, mataron e hirieron a varias personas».

«Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali. Los defensores de los derechos humanos también informan que han sido acosados ​​y amenazados» .

El presidente Iván Duque ha enfrentado desde que tomó el poder en agosto de 2018 ya un paro nacional apoyado por una amplia coalición de movimientos sociales en noviembre de 2019, protestas por el descontento generalizado por el aumento del desempleo, las reformas económicas y el deterioro de la situación de seguridad y ahora las manifestaciones continúan rechazando el aumento de la pobreza y del desempleo, que según el propio Duque cerró cerca del 15,9% en 2020.

Para este 5 de mayo el Comité Nacional del Paro dio que la movilización nacional seguirá para exigir garantías constitucionales a la protesta, desmilitarización de las ciudades y negociación con el Gobierno sobre ley sanitaria, renta básica, defensa de la producción nacional, entre otras.

Y se ha vuelto a convocar a toda la ciudadanía a “mantener e incrementar” las acciones de paro nacional y a realizar este miércoles una movilización pacífica cumpliendo normas de bioseguridad.