Día histórico para la libertad de expresión y de prensa en Edoméx ,La Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Edoméx, incluye las iniciativas de los grupos parlamentario del PAN, morena y PRD, ha propuesta del PAN, se crea la Ley de Protección, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y las sanciones por agresiones u homicidio.

En Edomex se debe garantizar el libre ejercicio periodístico y protegerá a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos

En sesión plenaria y con votó unánime de la LX Legislatura Local, se aprobó una reforma integral para garantizar el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión, sancionar las agresiones u homicidio en contra de los profesionales de la información y crear la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México.

En 2020, el Grupo Parlamentario del PAN presentó ante el Pleno Legislativo, un paquete de iniciativas con objeto expedir la Ley para la Protección de Periodistas, Libertad de Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México y la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico, así como reformas a diversas disposiciones de Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Código Penal.

Después de diversas reuniones con el gremio periodístico, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, así como diversas reuniones de trabajo en comisiones con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el día de hoy, el pleno legislativo aprobó la Ley para la Protección Integral de los Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos a fin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y garantías individuales de todas las personas que se dediquen a la defensa de los derechos humanos, el periodismo y el respeto pleno a la libertad de expresión.

Un sistema mexiquense de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, protegerá, promoverá y garantizar los derechos fundamentales y fomentará políticas públicas interinstitucionales para prevenir acciones que vulneren o amenacen su integridad.

Con la creación de la ley, se reconocen como derechos inherentes a la actividad periodística, el acceso a la información y espacios públicos; los derechos de autor y firma, libertad de asociación, cláusula de conciencia, el secreto profesional y la protección eficaz y eficiente por parte de las autoridades, entre otros.

Con la aprobación de las reformas a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Código Penal del Estado de México, el Grupo Parlamentario del PAN buscó establecer la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Como se señaló en las comisiones unidas, para el Grupo Parlamentario del PAN, el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano y una libertad fundamental consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución; es un derecho en sí mismo, el de poder buscar, recibir y difundir libremente informaciones e ideas por cualquier medio, pero también porque permite el ejercicio libre y la protección de todos los demás derechos fundamentales.

Celebramos que la iniciativa sea el resultado de las aportaciones de tres grupos parlamentarios, morena, PAN y PRD; de los ejercicios de parlamento abierto y de la voluntad de colectivos y diversas instancias para proteger a las y los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos.

La información es un bien público y al garantizar el libre ejercicio periodístico y la protección de las y los periodistas, contribuimos a la consolidación de la democracia; con la creación de la Fiscalía Especializada y las reformas al Código Penal se sancionarán las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, hasta con 25 años de prisión y 650 días de multa.