En la revisión de miles de contratos otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex), las secretarías de la Función Pública y de Energía han puesto especial atención en cuatro de ellos por irregularidades, y que para la empresa petrolera del Estado significaron un gasto total por 1 415 millones 499 mil 874 pesos

Dicha asignación, junto con otras supuestas anomalías, habrían causado la renuncia del subdirector de Servicios de Explotación de Pemex, Abraham David Alipi Mena.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abrió una investigación sobre los hermanos Javier y Rolando Cantú Barragán, dueños de las empresas beneficiadas con dichos contratos: Transportes Internacionales Tamaulipecos, SA de CV (TITSA); y Transportaciones y Construcciones Tamaulipecas, SA de CV (Tracotamsa). Empresas que también son revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) y también de parte de Estados Unidos a través de sus agencias DEA y FBI, que investigan particularmente a Javier Cantú.

De igual manera, dichos empresarios son investigados por la supuesta participación en el robo de combustibles (huachicol) y su estrecha relación con el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, actualmente preso en Almoloya, y el actual gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien también está acusado de corrupción, enriquecimiento ilícito y vínculos con la delincuencia organizada.