En atención a la denuncia publicada en medios de comunicación sobre la presunta extorsión de que son víctimas algunas personas privadas de la libertad (PPL) en el área femenil del Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), inició una investigación de oficio con el expediente número CODHEM/SP/251/2021, en defensa del derecho a una estancia digna y segura en prisión.

En razón de ello, la Codhem solicitó medidas precautorias en favor de las internas
afectadas, en tanto personal de las visitadurías generales de Supervisión Penitenciaria
y de Atención Especializada se trasladó a las instalaciones del penal para llevar a cabo
las entrevistas y las diligencias correspondientes para salvaguardar sus derechos
humanos, su integridad y seguridad.

En el contexto del Cuarto Informe Especial Penitenciario de la Codhem, enfocado a la
situación que enfrentan las mujeres privadas de libertad en la infraestructura carcelaria
estatal, el Organismo ha advertido las problemáticas que obstaculizan la defensa
efectiva de sus derechos fundamentales, así como las medidas a implementar para
garantizarlos, ya que las condiciones prevalecientes las convierten en sujetos en alto
grado de vulnerabilidad.

La Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria señala que prácticas ilícitas como
las denunciadas, en las que se presume extorsión, ponen en total riesgo la estancia
segura en los penales, siendo obligación de la autoridad resguardar el orden y la
integridad de las PPL; de ahí que ante la información publicada, personal de la Codhem
se trasladara de inmediato al penal y solicitara medidas precautorias para proteger a las
denunciantes.

La Defensoría de Habitantes ratifica su postura respecto al deber del Sistema
Penitenciario Estatal de adoptar medidas urgentes para proteger los derechos humanos
a la integridad, a una vida libre de violencia, a la protección de la salud, al nivel de vida
adecuado, al trabajo remunerado, a la vinculación social y, en particular, la obligación
de las autoridades a velar por el interés superior de las y los