• La iniciativa de Ley adiciona una rigidez excesiva a los mecanismos de contratación y pagos exorbitantes

La iniciativa de Ley para eliminar el outsourcing adiciona una rigidez excesiva a la contratación en México y añade pagos exorbitantes de reparto de utilidades que comprometen seriamente los planes de inversión y reinversión de las empresas establecidas en México, aseguró Claudia Jañez, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

Empresas como Axa, AT&T, Basf, Bayer, Bosch, BP., Cargill, Caterpillar, DHL, Dupont, Daimler, Exxon Mobil, Fedex, GM, GE, Grupo Modelo, entre otras, y que producen el 10% del PIB nacional, ven con preocupación que las cargas impositivas para las empresas establecidas en nuestro país, que incluyen el IVA, el ISR, el impuesto de nómina, IMSS e Infonavit, así como el 8% adicional como contribución obligatoria patronal a los trabajadores, que se empezará a pagar en 2023, ya implican un importante reto.

Sin embargo, está aún en mayor riesgo de sobrecargarse con los diversos factores que adiciona la iniciativa mencionada, explicó Jañez, durante el Foro en donde se analizaron las propuestas de los sectores privado, social y académico con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Las empresas globales establecidas en México generan 500 mil empleos directos y 1.5 millones de indirectos y esta nueva normatividad pone en riesgo las inversiones, ya que existen factores inhibidores, “como no poder subcontratar servicios especializados compartidos en el mismo grupo económico, lo que implica no acreditar IVA y solicitar la devolución el impuesto sobre la renta (ISR) y cambiar las estructuras corporativas internas que nos han llevado décadas construir, más un esquema generalizado de reparto de utilidades”, explicó la ejecutiva.

Todo lo anterior, “nos (deja) un pequeño margen para la reinversión en México, lo que significará un freno al crecimiento de las operaciones de las empresas que operamos en este país y por tanto nuestra capacidad de mantener nuestros empleos, hoy de por sí ya comprometidos por la contracción económica”.

En un entorno tan difícil en lo global y nacional, donde hay recesión y falta de liquidez, las empresas globales definirán el destino de sus inversiones con base en las condiciones de impulso a la competitividad.

“Coincidimos con el gobierno de México en que las prácticas fraudulentas de utilizar el régimen de subcontratación de manera dolosa, con el fin de evadir obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales deben ser erradicadas por completo. Y las prácticas que existan sean sancionadas con rigor”, manifestó la directiva y expresó que las empresas globales tienen áreas de compliance y se ajustan a las mejores prácticas en el mundo precisamente para hacer crecer a los mercados donde operan.

Los salarios en las empresas globales son superiores que la media nacional, por lo que no se trata de pagar menos sino de utilizar las opciones que permitan gestionar mejor las inversiones, de acuerdo con la demanda del mercado.

“No es retórica – sentenció – las empresas globales buscamos contribuir a hacer de este un país más competitivo, productivo y equitativo, hemos apostado por México y su posición en el mundo para invertir, reinvertir y crecer desde hace más de un siglo”, expresó.

Por su parte, Juan Carlos de la Vega, socio director y experto en derecho laboral, coincidió en que la iniciativa del Ejecutivo para prohibir el outsourcing y el insourcing restará competitividad a todas las industrias en un momento crucial para la recuperación económica.

Aunque son pocas las disposiciones, dijo, éstas tendrán un efecto avasallador pues no permite la subcontratación legal de personal que ha sido una herramienta clave de muchas empresas que sí cumplen con la ley y buscan ser más competitivas. “La intención de eliminar las malas prácticas es válida… pero prohibirla es arrasar con emprendedores y la parte sana de diversas industrias porque incrementará los costos, por lo que hace más difícil hacer negocios en el país”, concluyó.