“Esto no va a parar hasta el 20 de enero”, dice con cierto humor, pero resignado y con preocupación, un experimentado empresario extranjero con negocios en Cuba tras conocer la inclusión en la lista negra de Washington del Banco Financiero Internacional (BFI), uno de los principales del país que gestiona buena parte de las cuentas de las compañías y hombres de negocios extranjeros y se ocupa de las transacciones vinculadas a las empresas mixtas.

Se trata de la última sanción de la administración Trump para dañar la economía cubana antes de marcharse. A esta, según reveló esta semana el periódico The New York Times, podría sumarse en los próximos días otra todavía peor: la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Actualmente integrada solo Corea del Norte, Irán y Siria, la lista conlleva duras sanciones que podrían ser complejas de desmontar para la administración del demócrata Joe Biden que ya ha anunciado que su Gobierno recuperará la política de acercamiento a Cuba que impulsó Barack Obama.

Biden ya ha dicho que acabará con la política de hostilidad y sanciones de Trump y, aseguran los analistas, en breve comenzará a levantar la maraña de medidas impuestas por su antecesor durante estos cuatro años, como la restricción de las remesas, la prohibición de vuelos directos y de los cruceros, el cierre del Consulado o la eliminación del llamado “People to people”, la modalidad de viajes de “enriquecimiento cultural” que la mayoría de los norteamericanos utilizaban para viajar a la isla.

Muchas de estas medidas pueden desmontarse con relativa rapidez, pero otras, afirman expertos en las relaciones entre Cuba y EE UU, son más complejas de levantar, como la de sacar a las empresas de GAESA de la lista negra de Washington.