José Guillermo Zozaya, presidente en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Industria Nacional de Autopartes, afirmó ante Diputados que hay una “profunda preocupación por la presentación de la iniciativa en la que se pretende prohibir la subcontratación de forma radical”.

Debido a esto, representantes de cámaras empresariales, directores de compañías de capital humano y abogados de empresa, coincidieron en que la iniciativa de reforma en materia de subcontratación debe analizarse con más detalle, para no prohibir, sino castigar su mal uso, e incluso ampliar el periodo de transición, en caso de que sea aprobada, hasta el 2022.

En exposiciones de cinco minutos los representantes del sector privado expusieron uno a uno los efectos negativos que traería la desaparición de la subcontratación como esquema de contratación en las empresas, pues aseguran que el 80% utiliza ya sea prestadoras internas, prestadoras externas o tercerías para desarrollar sus actividades productivas.

Algunos de los aspectos de mayor preocupación que expusieron a los presidentes de las comisiones de Trabajo, Jesús Baldenebro, y Hacienda, Patricia Terrazas Baca, para que sean modificados en la iniciativa son: eliminar el objeto social como elemento para determinar los servicios especializados; definir con exactitud cómo y cuáles servicios pueden considerar el uso de subcontratación, los parámetros para que otorgue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social las autorizaciones cada tres años.