Juan Pablo Gómez Fierro, Juez del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó una suspensión definitiva a la organización ambientalista Greenpace, que ha buscado frenar las medidas que cerquen o perjudiquen el uso de centrales renovables, contenidas en el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024.

A mediados de año, Greenpeace interpuso una solicitud de amparo al considerar que el plan sectorial de la Secretaría de Energía (Sener) no fomenta el empleo de energías renovables ni la disminución de contaminantes. Antes de obtener la suspensión definitiva, la organización ambientalista ya había obtenido dos suspensiones provisionales, la última de ellas a principios de septiembre.

La medida de suspensión definitiva solo aplicará en contra de algunos puntos contenidos en el programa que violen el derecho a un medio ambiente sano y no fomenten la transición energética.

En el Prosener, la Secretaría de Energía admite que disminuirá el uso de centrales renovables y aumentará el uso de combustibles fósiles: “Se busca que el combustóleo sea aprovechado para la generación eléctrica, condicionando a la aplicación de tecnologías de reducción de emisiones que haga posible la utilización de infraestructura existente ya amortizada, con políticas de precios razonables, tanto para Pemex como para CFE, y en función de las necesidades de suministro”, dice en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de julio pasado.

La medida de suspensión durará por el tiempo en que dure el juicio y el juez dé a conocer el veredicto final. Hasta entonces, la Sener y el resto de organismos públicos encargados de aplicar esta política, como la Comisión Federal de Electricidad y los órganos reguladores, deberán de abstenerse de aplicar lo establecido en el Prosener.

En su petición de amparo, Greenpeace también argumentó que la administración federal está usando dinero del presupuesto público para favorecer sus planes de fortalecer a las dos empresas estatales -Pemex y CFE- a través del aumento en el uso de combustibles fósiles.

“Cuestionamos algo que vemos como un desvío presupuestario para apoyar las acciones que impulsan las fuentes fósiles. El juzgado consideró que lo que realmente estábamos cuestionando es el uso de los recursos del anexo 16 del presupuesto fiscal 2020 (…). Lo que realmente queremos poner en tela de juicio es que recursos para el cambio climático se usen para este tipo de cosas”, detalla Luis Miguel Cano, consultor legal de Greenpeace México.