Iniciativas de ciberseguridad de Morena y PRD amenazan derechos humanos: OSC

Las iniciativas del senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, y de la senadora Lucía Trasviña, de Morena, que buscan modificar y expedir diversas legislaciones en materia de ciberseguridad amenazan derechos como la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de internet de acuerdo con un grupo de organizaciones de la sociedad civil que pidieron se instaure un proceso de parlamento abierto el cual asegure que “cualquier legislación en materia de ciberseguridad respete los derechos humanos y contribuya realmente a la seguridad de las personas usuarias de tecnologías digitales en México”.

 

Las organizaciones Artículo 19, Luchadoras, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A. C., la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC firmaron un documento en el que expresan su preocupación por las propuestas de regulación de seguridad del ciberespacio mexicano.

 

“Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por el contenido de ambas propuestas que, de concretarse, representarían una grave amenaza a los derechos humanos; en particular, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de las personas usuarias de Internet en México”, asienta el documento.

 

A principios de 2019, la senadora de Baja Califonia Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa de decreto para modificar el Código Penal federal respecto de los ciberdelitos. El propósito de esta iniciativa era expedir una Ley de Seguridad Informática, que agrupara a estos delitos informáticos y en la que se contempla la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Informática (ANSI), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

A esta iniciativa se suma la que el senador Miguel Ángel Mancera presentó el pasado 1 de septiembre, la cual tiene el aval del grupo parlamentario del PRD en el Senado y que busca modificar el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad para que tanto las regulaciones en materia de seguridad de la información como los delitos cibernéticos que se cometan sean normados y sancionados por una nueva Ley General de Ciberseguridad.

 

La iniciativa de Mancera también supone la creación de un órgano que será el encargado de coordinar las acciones de ciberseguridad del Estado y que llevaría el nombre de Centro Nacional de Ciberseguridad, el cual tendrá la responsabilidad de definir la política del Estado en materia de ciberseguridad a través de una estrategia nacional de ciberseguridad que desarrollará en colaboración con el regulador de las telecomunicaciones, el IFT.

 

De acuerdo con las organizaciones, ambas iniciativas proponen la creación de sendas listas de nuevos tipos penales “amplios, vagos e imprecisos” los cuales, aseguran, criminalizan expresiones en línea, usos de tecnología legítimos y cotidianos; además de que amenazan la actividad de investigadores de seguridad, lo cual atenta contra el supuesto objetivo de las iniciativas de proteger la seguridad informática”.

 

Ponen como ejemplo el artículo 10 de la inciativa de la senadora Trasviña, el cual sanciona con cuatro a ocho años de prisión al que “ejecute un programa” que “altere el funcionamiento” de un “sistema informático”, con lo cual prácticamente toda persona usuaria de una computadora o dispositivo móvil sería criminalizada.

 

También advierten que ambas propuestas plantean el establecer obligaciones y facultades con el fin de que empresas, como los operadores de telecomunicaciones, y autoridades, como el IFT, adopten medidas que además de invadir la privacidad de los usuarios de internet, suponen un riesgo de censura masiva en la red.

 

“En particular, el artículo 30 de la iniciativa de “Ley General de Ciberseguridad”, propuesta por el Sen. Mancera, obliga a proveedores de acceso a Internet a monitorear el tráfico de Internet y “evitar la difusión de información” considerada “prohibida”, sin que exista definición alguna respecto de qué información posee ese carácter. Esto significa el establecimiento de un sistema de monitoreo y control informativo arbitrario y propio de regímenes autoritarios”, enfatizaron.

 

Con estos argumentos, las organizaciones aseguraron que consideran indispensable la instalación en el Senado de un procedimiento de parlamento abierto que considere a múltiples actores, como la sociedad civil, con el fin de asegurar que las legislaciones en materia de seguridad informática sean respetuosas de los derechos humanos y contribuyan a la seguridad de los usuarios.

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