Mario Aburto aún sin resolución de su posible liberación; SCJN pospone revisión de recurso

Una Nueva Demora en el Caso de Mario Aburto

Mario Aburto Martínez, conocido por su confesión del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, enfrenta un nuevo revés en su búsqueda de libertad. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer la revisión del recurso de reclamación presentado por la defensoría pública del michoacano, lo que implica que deberá esperar más tiempo para una posible liberación del penal federal de Ocampo, en Guanajuato.

Aplazamiento por Reflexión

Durante una sesión privada, un ministro de la Primera Sala de la SCJN solicitó más tiempo para reflexionar sobre el caso, según informaron fuentes judiciales. Esta decisión implica que la revisión del recurso, que tenía lugar en el máximo tribunal del país, será retrasada hasta que el ministro haya tenido la oportunidad de considerar más a fondo el asunto.

El Aniversario de un Magnicidio

El 23 de marzo de este año se cumplirán 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, un magnicidio que estremeció a México y al mundo. Colosio fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, Baja California, un suceso que aún sigue generando controversia y debate en el país.

Impugnaciones y Recursos Legales

En diciembre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo concedido a Aburto por un Tribunal Colegiado, que anuló su condena de 45 años y ordenó una nueva sentencia basada en el Código Penal de Baja California. Esta impugnación ha desencadenado un proceso legal que ha llevado el caso hasta la SCJN.

El Análisis de la Corte

Inicialmente, el recurso fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se declaró impedido para resolverlo. Posteriormente, el asunto fue turnado a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien está encargada de estudiar el caso y presentar un proyecto de resolución. Ríos Farjat señala que la sentencia del Tribunal Colegiado se basó en criterios jurídicos vigentes que permiten a los jueces federales juzgar delitos locales y federales de manera concurrente, sin que ello convierta automáticamente un delito local en uno federal.