El Gobernador de Tamaulipas es cabeza de un narco Estado: Alejandro Rojas Díaz Durán

Con un comunicado emitido este domingo desde la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán denunció a Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamulipas por sus presuntuos vínculos con el crimen organizado.

En Cadena Política le presentamos a continuación el comunicado íntegro:

He puesto a disposición de la Fiscalía General de la República el resultado de una investigación profusa que nos llevó año y medio, recopilando pruebas, evidencias y testimonios que confirman la presunción de que el Gobernador Franscisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN, es la cabeza de un narcoestado en Tamaulipas.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, desde sus inicios en la política en el PAN, como alcalde de Reynosa, diputado local, diputado federal, director de Corett y hasta senador de la República, ha venido construyendo un cártel de delincuencia organizada en Tamaulipas, que tuvo la protección de los Gobiernos Federales del PAN y del PRI, que consolidaron sus actividades ilícitas a las que se ha dedicado desde entonces, como el lavado de dinero, el “huachicoleo”, tráfico de armas, defraudación fiscal, inversiones inmobiliarias con recursos de procedencia ilícita y la protección a narcotraficantes, que operan narcolaboratorios en el sur del Estado.

* Dichas actividades —de acuerdo a la información entregada a la autoridad ministerial federal, calculamos que le han dejado ganancias ilícitas por más de $3,000 millones de pesos, que tiene invertidos con su familia consanguínea y política, en inmuebles, terrenos, ranchos, empresas fachada y utilizando prestanombres con empresas de proveeduría de Gobiernos municipales y del Estado.*

Estoy solicitando que se investigue también al ex secretario particular del ex Presidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuartz, debido a que ha sido vínculo y contacto permanente como “Consiglieri” del Gobernador de Tamaulipas, con personajes como García Luna y otros ex funcionarios influyentes en los Gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

También estoy solicitando que se investigue al Secretario de Gobierno del Estado de Tamaulipas, César Verástegui Ostos, alias “El Truco” y a su hermano Vicente, alias “Chente”, por sus vínculos con el Cártel de los Zetas y la protección que les brindan a los narco laboratorios que han encontrado en Ciudad Mante y en Xicoténcatl, de donde son originarios y caciques.

Cabe recordar que en Tamaulipas han desaparecido más de 8 mil personas, cuyas familias señalan que han sido víctimas de la delincuencia organizada, protegidos por el actual Gobernador y su Secretario de Gobierno.

Igualmente, solicito que la Fiscalía General de la República y la UIF de la Secretaría de Hacienda, se coordinen con el FBI y la DEA, en el marco de su convenio de colaboración para la investigación de los presuntos delitos cometidos por el Gobernador de Tamaulipas, sus funcionarios, su familia y amigos empresarios, que son sus prestanombres de las actividades ilícitas denunciadas en el Ministerio Público Federal.

Oficialmente, Tamaulipas lidera los estados con personas desaparecidas y no localizadas en México, con 10 mil 810 desaparecidos.

Otra prueba de que es un Narcoestado, es que el llamado grupo de élite de la policía estatal, conocido por sus siglas como CAIET (Centro de análisis, información y estudios de Tamaulipas) O FUERZA ESPECIAL, es un grupo integrado y dirigido por ex sicarios del Cártel del Golfo, responsable de la mayor parte de desapariciones, ejecuciones y violaciones de derechos humanos registrados en la entidad en los últimos dos años, tal como lo han documentado organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos.

El despacho del ex secretario particular del ex presidente Calderón, Roberto Gil Zuarth, recibe una iguala mensual de casi un millón de pesos por concepto de asesorías y consultorías, además de tener a su suegro y a su cuñado, ambos de nombre William Knigth, en la nómina del estado.

Ambos fueron funcionarios encargados de carreteras y del transporte público en la entidad y participaron encubriendo las actividades ilícitas del “huachicoleo” y del tráfico ilegal de armas y drogas en las que estaba involucrado el hoy Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Además, falta que se integren a la denuncia que presenté los sobornos que le dió Lozoya a García Cabeza de Vaca cuando era Senador de la República y la millonaria tajada que le dieron los del PRI para su campaña a Gobernador de Tamaulipas, producto de una concertacesión para entregarle al PAN la Gubernatura de Tamaulipas, a cambio del apoyo del Pacto por México, promovido por el ex presidente Peña Nieto.

Seguiremos luchando del lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador para extirpar de raíz la corrupción, la ilegalidad, la impunidad y la violación sistemática al Estado de Derecho.

Ni perdón ni olvido.

¡Justicia!

 

Los vínculos con el narco

Además de la peculiar suerte de la familia del gobernador, un tema que le ha rondado constantemente es su relación con el crimen organizado.

En principio, César Augusto Verástegui Ostos, actual secretario general de Gobierno de Tamaulipas, persona muy allegada a Francisco Javier, ha sido vinculado a los Zetas, al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste y al Cartel Jalisco Nueva Generación. Ello se ha debido a la cercana relación que tenía César Verástegui con Francisco Carreón Olvera, alias “Pancho Carreón”, líder regional de los Zetas.

Cabe señalar que Verástegui y Carreón fueron compañeros en el Sindicato Azucarero en Tamaulipas. En febrero de 2019, los medios señalaron que la muerte de “Pancho” Carreón, abatido por la Marina en abril de 2017, fue porque César Verástegui lo traicionó y se lo entregó a las autoridades antes de que hablara sobre sus nexos con el narcotráfico.

Volviendo a los frutos de esta relación, en el mes de mayo de 2016, previo a la realización de los comicios de gobernador de Tamaulipas, donde Francisco Javier fue postulado por el PAN, el colectivo Anonymous dio a conocer un audio en el que vinculan al candidato con el narcotráfico. En él se escucha al colaborador de Francisco Javier, Cesar Verástegui, mejor conocido como “El Truco”, presidente del PAN en la entidad, y Noé Ramos, operador financiero de “Pancho” Carreón, intervienen en defensa de Samuel Castro, también operador ese partido político, para no ser levantado por la gente del mismo Carreón”.

Verástegui expresa argumentos comprometedores en la llamada para indicar a Noé Ramos que no proceda para levantar a Samuel Castro, ya que, de ser así, se “armaría un escándalo y no sería favorecedor para ellos, puesto que tenían un evento público en puerta”.

“La verdad, yo creo que es un momento muy muy delicado. ¿No hay manera de hablar con alguien, para parar ahí el tema?”, le pide vía telefónica Verástegui a Ramos. “Sí, pues ya hablé con aquel”, claramente referenciando a “Pancho Carreón”, aseveró Noé Ramos.

Lo anterior es relevante para establecer los vínculos del equipo de confianza del actual gobernador de Tamaulipas con integrantes de la delincuencia organizada, pues si bien en el tiempo que se difundió el video mencionado Verástegui Ostos

se desempeñaba como dirigente del partido que postuló a Francisco Javier en las elecciones locales de 2016, en la actualidad ocupa el cargo de secretario general de Gobierno de Tamaulipas, según la información que aparece en la página oficial de esa entidad.

De ahí que resulte inverosímil pensar que el actual mandatario tamaulipeco no tenía conocimiento de la relación revelada en la conversación que se hizo pública antes de que nombrara a Verástegui Ostos como miembro de su equipo.

Pero ahí no terminaron los episodios: los vínculos del secretario de Gobierno con el crimen organizado se ventilaron nuevamente en agosto de 2017, cuando asesinaron a Felipe Téllez Ramírez, quien se desempeñaba como coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones de Tamaulipas, dejando un narcomensaje que decía: “Se lo mataron al Truko por incumplir compromisos”.

En octubre de ese mismo año, integrantes de los Zetas señalaron a César Verástegui como un interlocutor reconocido entre ellos y el gobierno de Francisco García. El video sigue circulando en internet y puede visualizarse en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=cKNWnYksts0 

Otro personaje ligado al crimen organizado que aparece relacionado con Francisco Javier es Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien se desempeñó como coordinador General de Proyectos de la oficina del exgobernador de Jalisco Emilio González Márquez en el año 2012, y hasta el año 2015 dirigió el Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Una vez que Francisco Javier fue electo gobernador de Tamaulipas, Sergio Adame se desempeñó como su consultor en temas de seguridad. Algunas voces señalan que habría sido procurador de justicia de ese estado de no haber sido detenido en 2016. La Fiscalía General de Estados Unidos anunció en junio de ese año de una operación en la que cayeron 15 personas acusadas de fraude y de lavado de dinero procedente del narcotráfico, entre ellas Adame Ochoa. Ante un juez federal de Estados Unidos se declaró culpable de hacer declaraciones falsas sobre una solicitud de préstamo y crédito por 1.7 millones de dólares para la compra de una propiedad denominada Riverside Plaza en la ciudad de Mission, Texas. Para ello reportó al Banco Regional de Texas que contaba con ingresos superiores al medio millón de dólares al año. Su patrimonio fue considerado en 15 millones de dólares proveniente de actividades ilícitas.

A esta historia se suma el ya referido testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, quien reveló la presunta financiación de la campaña a la alcaldía de Reynosa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con dinero del Cártel del Golfo.”

Apenas en 2019 fueron encontrados nuevos indicios de recursos provenientes de la delincuencia organizada, especificamente en mensajes donde se amenaza al hoy gobernador de Tamaulipas y su hermano, el senador Ismael García, donde se les acusa de haber recibido más de 15 millones de pesos para realizar sus campañas “bajo la promesa de permitirles operar y detener a integrantes de cárteles contrarios al Cártel del Golfo”.

Sin duda estos antecedentes muestran una constante en cuanto a la existencia de una relación del hoy gobernador de Tamaulipas con el crimen organizado, fundamentalmente en la obtención de recursos económicos, lo que debe adminicularse con los demás datos de prueba que se relatan en la presente denuncia de hechos.

Propiedades al por mayor

De acuerdo con diversos registros, al menos 20 propiedades han sido adquiridas por los familiares Francisco Javier en los últimos años por un total de características. Residentes de “La Pesca” relataron que es común ver a Cabeza de Vaca en su rancho, donde organiza fiestas y reuniones que generalmente tienen más de una docena de invitados.

Además de “El Rincón” existe otro rancho propiedad de Francisco Javier. Se trata de “El Mirador”, un terreno que de acuerdo con el Manifiesto de Propiedad Rústica número 50830, cuenta con una superficie de 950 hectáreas y una construcción de 450 metros cuadrados. Este predio puede alcanzar un valor aproximado a los 38 millones de pesos, ya que terrenos como éstos tienen un valor de 40 mil pesos la hectárea.

A diferencia de “El Rincón”, este rancho tiene vocación ganadera, pues cuenta con amplios pastizales para la engorda de vacas y otros animales. El Mirador es un gran rancho principalmente por su extensión y las posibilidades que ofrece para el desarrollo de la ganadería.

En conjunto, Francisco Javier ha gastado alrededor de 104 millones de pesos en la adquisición de estas dos propiedades. Aunque tanto él como su familia aparecen como propietarios y socios de diversas empresas, Francisco Javier ha tenido en la política y el servicio público su principal fuente de ingresos. Sin embargo, es posible darse cuenta de que ni siquiera con todos sus ingresos y sin haber gastado nada, hubiera podido comprar las propiedades que tiene en Soto La Marina.

Se da cuenta de una propiedad ubicada en el 4609 de la Avenida Wichita, McAllen, Texas, construida en terreno de poco más de 1,065 metros cuadrados “en una urbanización cerrada, una residencia de cinco dormitorios, cinco baños completos, cocina gourmet con acabados de primera línea y encimeras de granito”, su propietario Ismael García Cabeza de Vaca, actual Senador de la República31.

Estas son imágenes ejemplificativas de algunas de las propiedades a que se ha hecho alusión.

Un informe del área de inteligencia de Pemex, adscrita a la Dirección Corporativa de Administración (DCA) y que integran militares de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF), identificado con el número INTEL/00035/0425/2003, con fecha 23 de enero de 2003, documentó la simulación entre los funcionarios de Aduanas y los de Pemex (de la TAD) en la donación, para permitirle a Gor llevarse sus camiones y que el queroseno se descargara en las instalaciones de la empresa de Fernando Gómez, por su relación familiar con los dueños de la citada compañía y con el gerente general del consorcio, Manuel Gómez.

Manuel Gómez presidía entonces la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), asociación de transportistas que durante el sexenio de Vicente Fox recibió un trato preferencial del gobierno, particularmente en Pemex, cuando a sus agremiados se les hicieron millonarias contrataciones por adjudicación directa para que se encargaran del traslado de hidrocarburos de las subsidiarias PEP, así como de los productos de Pemex Refinación”.

En 2005 algunas de las pipas de Intertransports se encontraron en un predio en Reynosa donde se almacenaba combustible sustraído a Pemex (AP/PGR/TAMPS/REY1/519/05). Al año siguiente, en 2006, la GSSF detectó en sus vehículos cisterna cargamentos de condensado hurtado en la Cuenca de Burgos.

En febrero de 2008, Manuel Gómez García, propietario de Intertransports y ex gerente del grupo Gor, fue ejecutado. De su muerte se manejó la versión de que era una disputa relacionada con el robo y el contrabando de hidrocarburos”

Un informe del área de inteligencia de Pemex, adscrita a la Dirección Corporativa de Administración (DCA) y que integran militares de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF), identificado con el número INTEL/00035/0425/2003, con fecha 23 de enero de 2003, documentó la simulación entre los funcionarios de Aduanas y los de Pemex (de la TAD) en la donación, para permitirle a Gor llevarse sus camiones y que el queroseno se descargara en las instalaciones de la empresa de Fernando Gómez, por su relación familiar con los dueños de la citada compañía y con el gerente general del consorcio, Manuel Gómez.

Manuel Gómez presidía entonces la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), asociación de transportistas que durante el sexenio de Vicente Fox recibió un trato preferencial del gobierno, particularmente en Pemex, cuando a sus agremiados se les hicieron millonarias contrataciones por adjudicación directa para que se encargaran del traslado de hidrocarburos de las subsidiarias PEP, así como de los productos de Pemex Refinación”.

En 2005 algunas de las pipas de Intertransports se encontraron en un predio en Reynosa donde se almacenaba combustible sustraído a Pemex (AP/PGR/TAMPS/REY1/519/05). Al año siguiente, en 2006, la GSSF detectó en sus vehículos cisterna cargamentos de condensado hurtado en la Cuenca de Burgos.

En febrero de 2008, Manuel Gómez García, propietario de Intertransports y ex gerente del grupo Gor, fue ejecutado. De su muerte se manejó la versión de que era una disputa relacionada con el robo y el contrabando de hidrocarburos”.

La diversificación del negocio: huachicoleo, tráfico de armas y lavado de dinero

Además de la sospechosa bonanza del gobernador, información del conocimiento público37 señala que tanto la Fiscalía Federal del Sur de Texas, el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han investigado a la familia de Francisco Javier por estar presuntamente involucrada en los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y fraude fiscal.

Una investigación federal, que data desde enero del año 2014 por la compra de activos con recursos presuntamente Ilegales, a nombre de la esposa de Francisco Javier, Mariana Gómez Solís, de sus hermanos Ismael y José Manuel, así como de su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger, señala que “desde el año 2005 han sido lavados más de 10 millones de dólares”38, obtenidos de

manera ilegal, mediante la compra de bienes inmuebles y la apertura de cuentas bancarias, inversiones y certificados de depósito en Instituciones financieras del sur del Estado de Texas.

Además de los escandalosos resultados de esa investigación, la familia política de Francisco Javier también se ha visto involucrada en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos y otros hechos de corrupción. Y es que una nueva investigación Federal de Estados Unidos involucra al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier en una red de contrabando de combustible que le dejaría ganancias por 1 millón 360 mil dólares mensuales (34,5 MDP) producto de cuotas impuestas a los contrabandistas de huachicol por la aduana de Reynosa.

El 19 de noviembre de 2019, Francisco Javier ofreció una conferencia de prensa en la que anunció la detención de pipas de combustible, al parecer huachicol, el cual habría sido ingresado de manera ilegal por Aduanas de Tamaulipas a México. Según la investigación, esto formó parte de un plan para cerrar las aduanas y redireccionar el contrabando de combustibles solamente por la aduana de Reynosa, lo cual provocaría que el gobierno del Estado tuviera “mayor control de las 850 pipas que en promedio pasan semanalmente y así pudiese cobrar la cuota impuesta de 400 dólares por pipa”.

Según fuentes de inteligencia de Estados Unidos, las cuotas y contrabando por la importación ilegal de hidrocarburos en pipas son operadas directamente por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en una red de colusión que implica de manera directa al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a sus hermanos José Manuel e Ismael -actual senador de la República-, así como al secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, y al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado, Mauricio Guerra, quien sería la persona que recolecta el dinero de esta ilícita actividad.

Diversos medios de comunicación filtraron entonces un supuesto chat entre un personaje identificado como Víctor Vélez y el secretario general de Gobierno, Verástegui Ostos, donde abiertamente hablan de las cuotas que el Gobierno de Tamaulipas ha puesto a los contrabandistas de huachicol.40

Vélez habría pagado 2 millones de dólares a Verástegui para ser el enlace estatal para el cobro de cuotas. Además, Vélez figura como el propietario de la empresa

transportista MARVIC PETROLEUM, con domicilio en el 2805 de la Av. Fresno en el Condado de Hidalgo, Texas, identificada como una de las principales contrabandistas de combustibles por Reynosa y quien auxiliaría al Gobierno de Tamaulipas en la operación y recolección de cuotas de otras personas u empresas dedicadas a la misma actividad.

En el chat se advierte la colusión del llamado “Truco Verástegui” quien trama con Vélez la imposición de cuotas a las pipas del huachicol que “burlan retenes y atraviesan” la frontera de Tamaulipas hacia Monterrey, cargadas con 60 mil litros del combustible cada una y por el que pagan en su conjunto “miles de dólares en extorsiones, so pena de ser incautadas como ya ha ocurrido”, dentro de una dinámica criminal que ya ha sido exhibida, con alcances a funcionarios de la propia aduana entre quienes han mencionado a “Gil Salguero” y criminales comandados por el “Comandante Papucho” del Cartel del Golfo”.

Cabe mencionar que el tráfico ilegal no solo involucra combustible pues existe información de que de enero a septiembre del año pasado pasaron diez camiones con contrabando de armas.

Son muy claras las evidencias de que tanto la familia política de Francisco Javier como sus colaboradores más cercanos en el gobierno del Estado se encuentran involucrados con actividades ilícitas que les han redituado importantes ganancias, las cuales posteriormente han “blanqueado” a través de operaciones de adquisición de inmuebles, constitución de sociedades y depósitos financieros, lo cual revela una acción concertada y continua tipificada como delito en el Código Penal Federal.

En esa estrategia es patente la constitución de empresas que figuran como fachada para la obtención y erogación de recursos de procedencia dudosa, que han sido motivo de alertas por parte de diversas instituciones del sistema bancario de nuestro país, en virtud de las operaciones realizadas bajo los supuestos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dadas las transacciones sospechosas o prohibidas realizadas por éstas.

Tales empresas son:

● Unión de Crédito de Reynosa S.A. de C.V.43
● Impulso y Desarrollos GBO S.A. de C.V.
● Grupo Chapa Quiroga SPR de RL
● Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA, S.P.R. de R.L.
● Desarrolladora y Constructora CAVA S.A. de C.V.
● Sistemas de Administración Planeada S.A.
● Semper Pecunia S.A P.L de C.V

Según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se entiende por beneficiario controlador a la persona o grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o aquél que ejerce el control de la persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades vulnerables.

De acuerdo con las normas generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe tenerse como propietario real a aquella persona física que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u operación y es, en última instancia, el verdadero dueño de los recursos, al tener sobre estos derechos de uso, disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición.

Las operaciones inusuales realizadas por estas empresas, así como por quienes aparecen como socios o administradores han sido motivo de alerta por parte de diversas instituciones financieras, en orden al origen o destino de los recursos, así como al monto y la naturaleza de la operación en cuestión, toda vez que se presumen no existe una justificación razonable para dichas operaciones, cuyos recursos es muy probable se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

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