El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México confirmó la suspensión definitiva concedida por un juez de amparo a una mujer quien se dice dueña de un terreno que será afectado por la construcción de la obra.

La afectada alegó que las autoridades pretenden despojarla parcialmente del predio para construir el tren, y por ello promovió el amparo.

Al obtener la suspensión definitiva, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó recurso de revisión y argumentó que el juez de Distrito dejó de ponderar el interés social que tiene la sociedad con la continuación de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Pero los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concluyeron que el beneficio colectivo con la construcción del tren es insuficiente para justificar la privación de la propiedad a la inconforme sin que se hubiera seguido un procedimiento de expropiación