Rio de Janeiro.- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no podrá participará de las elecciones del 7 de octubre, para las que era el gran favorito a pesar de la pena a 12 años de cárcel que cumple por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato.

En una sesión extraordinaria, que se extiende por más de ocho horas, la mayoría del Tribunal Superior Electoral (TSE), en Brasilia, votó esta noche por impugnar la polémica candidatura del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) al considerar que iba en contra de la legislación que prohíbe que una persona condenada en segunda instancia compita por un cargo electivo. El PT tiene diez días para designar a un nuevo postulante -todo indica que sería el exalcalde de San Pablo Fernando Haddad, candidato a vice-; mientras tanto, el TSE no permitirá que el partido use la imagen de Lula para pedir votos en el horario gratuito de propaganda electoral en radio y televisión, que comenzó ayer, y se retirará de las urnas electrónicas la foto y el nombre del expresidente.

“Estamos ante una operación simple de aplicación de una ley clara que consagra la inelegibilidad de alguien que ha sido condenado por un crimen contra la administración pública y lavado de dinero por un órgano colegiado”, señaló el juez relator del caso, Luis Roberto Barroso, que ya fue acompañado en su voto por otros tres de los siete miembros de la corte, mientras solo uno se había inclinado hasta ahora por la aceptación de la candidatura.

“En este momento complejo y polarizado de la vida nacional, estoy convencido de que la mejor alternativa es que la justicia electoral esclarezca de manera colegiada y con transparencia, cuál será el cuadro definitivo de los candidatos a presidente de la República”, agregó Barroso al resaltar la responsabilidad del TSE en contribuir a la estabilidad y la seguridad jurídica de los comicios de octubre.

La mayoría del tribunal rechazó así los argumentos de la defensa de Lula, que había solicitado que se permita “sub judice” la candidatura del expresidente, es decir, hasta que su condena fuese analizada en tercera instancia, por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) o por el Supremo Tribunal Federal (STF). Los abogados apoyaron su postura en una “recomendación” -no vinculante- realizada en este sentido a principios de mes por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

De inmediato, la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, calificó la decisión del TSE de “violencia judicial” contra Lula. “El juicio fue hecho con toda prisa y pasó por encima los ritos previstos por la ley”, señaló antes de reunirse con otras autoridades petistas para analizar los próximos pasos a seguir.

Desde que fue registrada por el PT el 15 de agosto, la candidatura de Lula recibió 16 pedidos de impugnación, entre ellos uno de la procuradora general de la República, Raquel Dodge, y otro del candidato que las encuestas ubican en un segundo lugar de preferencia luego del exmandatario, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL). Todas esas solicitudes tenían como sustento el cumplimiento de la legislación electoral vigente.

De acuerdo a la llamada Ley de Ficha Limpia -cuya votación en el Congreso fue impulsada por una iniciativa popular que reunió más de 1.6 millones de firmas y fue sancionada en 2010 por el propio Lula antes de terminar su gobierno- cualquier ciudadano condenado en segunda instancia por un órgano colegiado es inelegible para un cargo público.

Los abogados petistas presentaron varios recursos y pedidos de habeas corpus para evitar la detención del popular exmandatario, pero al final, tras una tensa resistencia en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo -donde comenzó su carrera política-, el 7 de abril Lula quedó preso.

Desde entonces, el PT insistió públicamente en que presentaría la candidatura presidencial de Lula y que todo el proceso judicial era un intento por evitar un nuevo mandato del máximo líder de la izquierda brasileña. En los bastidores, en tanto, ya se preparaba un “plan B”: lanzar como candidato presidencial al compañero de fórmula de Lula, el exalcalde de la ciudad de San Pablo Fernando Haddad, quien fue ministro de Educación durante la gestión lulista. Como candidata a vice iría la joven líder del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) Manuela D’Avila.

Ahora, el partido deberá modificar toda su propaganda, ya que la legislación electoral requiere que el candidato a presidente aparezca en un 75% del tiempo de los anuncios en radio y tv. Aunque el equipo de abogados de Lula ya adelantó que apelará la decisión del TSE ante la Corte Suprema (STF), el tiempo corre en contra del PT: tiene sólo diez días para registrar a su nuevo candidato.

Al igual que otras encuestas electorales anteriores, el sondeo más reciente de Datafolha, la semana pasada, ubicaba a Lula al tope de las preferencias con un 39% de apoyos, seguido por el exmilitar Bolsonaro, del PSL, con 19%; la ecologista Marina Silva, de la Red Sustentabilidad (Red), con 8%; el exgobernador del estado de San Pablo Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), con 6%; y del exgobernador del estado de Ceará Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), con 5%.