Multas y cárcel, posibles sanciones a independientes por firmas

En rigor, Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez incurrieron en presuntas violaciones al uso de datos personales al presentar credenciales de elector no válidas o con registro incompleto para cumplir con el requisito para ser candidato presidencial independiente. Tras el diagnóstico del INE queda por señalar la posible sanción que esto implicaría, si es que se pone en marcha la institucionalidad electoral sobre el tema.

 

Recordemos que contamos con tres instancias que participan procesos para renovar a nuestras autoridades: el Instituto Nacional Electoral (INE) como parte administrativa y organizadora; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), última instancia que da validez a las elecciones, así como emite resoluciones en la materia que deben acatarse por todos los actores involucrados; y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que recibe las denuncias, las investiga y da cumplimiento a las sentencias.

 

En este episodio de las miles de firmas irregulares que los tres aspirantes presentaron ante el INE y que este invalidó, las voces se alzan para que se actúe en consecuencia por las presuntas violaciones legales. ¿Qué dice la ley al respecto?; por principio la Ley General de Materia de Delitos Electorales en sus artículos 7, 8 y 13 ordenan el pago de multa y prisión a quien altere, haga uso ilícito o falsifique materiales o documentos electorales.

 

De manera particular el 13 indica: “la persona que altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores podría tener una sanción de 20 a 200 días de multa y cárcel de tres a siete años”.

 

Hasta este momento lo correspondiente a la inscripción de los candidatos independientes es materia y atribución del @INEMexico.

 

Columnistas y expertos entrevistados por la prensa advierten que el INE debería dar vista a la Fepade para que investigue. En entrevista con Excélsior, el profesor del CIDE, Javier Aparicio, consideró que será difícil que les finquen responsabilidades a los aspirantes a la Presidencia, pues el mayor peso podría caer en los auxiliares.

 

Es entonces que se entrará en un proceso de descalificación contra el INE. Los dos aspirantes que han quedado fuera por el momento, advierte la experta Irene Levy, se dicen “indignados con el árbitro y seguirán vociferando todo tipo de teorías de complot para intentar lavar un poco la cara después del ominoso resultado que dio a conocer el INE”.

 

Sin embargo, es más que claro que justificar la trampa por la vía legal se ve imposible pero el precio a pagar es descalificar al Instituto, a sus procedimientos y sembrar la duda en todo el proceso; una nube por demás gris en el complicado y ríspido ambiente electoral que se vive.

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