Urge profesionalizacion de ministerios públicos, dice Derechos Humanos

El comisionado de los Derechos Humanos en el Estado de México, Jorge Olvera García, reconoció que hay quejas en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), sobre la actuación de ministerios públicos que desestiman denuncias por desaparición de adolescentes y mujeres, adjudicando conductas sexuales o que se fueron con el novio.

Explicó que esperan a los familiares de María Sotelo García, de 17 años de edad, quienes se manifestaron el jueves por la mañana en el edificio de la dependencia, por considerar que las autoridades no llevan a cabo una investigación sobre el paradero de la joven que desapareció el 29 de enero, pues la encargada del caso asegura que está embarazada y con su novio en otra entidad.

Al respecto, opinó que es necesario actuar con los protocolos que señala la ley, para que los mexiquenses tengan la garantía de que la autoridad respeta sus derechos; además, “nos mantenemos atentos a cualquier reclamo que la gente desea hacer, se necesita cumplir con todos los protocolos de la ley, además de las medidas cautelares necesarias, hemos emitido recomendaciones y hecho las observaciones pertinentes”.

Calificó de urgente la capacitación y profesionalización de los ministerios públicos para mantener viable que opere el nuevo sistema de justicia penal, aunque admitió que han recibido algunas quejas sobre temas de seguridad, de cumplimiento de la ley en contra del Poder Judicial.

Añadió que tienen vigentes recomendaciones entre ellas las emitidas a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con relación a la despresurización de las cárceles.

Uno de los objetivos es que derechos humanos pueda revisar, junto con la Secretaría de Seguridad, el funcionamiento de los penales, sobre todo la construcción de dos o tres cárceles más para liberar la sobre población existente.

“Existe disposición del gobernador Alfredo del Mazo, es mucho el avance, sí hay pendientes pero hemos logrado un adelanto del 30 o 40% de solución en el caso de las cárceles”, finalizó.

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