La polémica Ley de Seguridad Interior que habrá que darle unos ajustes para evitar su constante y justa impugnación social y, por ende, jurídica, es una de las múltiples leyes que tenemos que ir adecuando a nuestra realidad de violencia e inseguridad cotidiana. Por ejemplo, derogar todos, sí, todos los códigos penales locales y lograr un acuerdo nacional para un Código  Penal Nacional, resulta inaudito contar con tipos penales diversos, con penas distintas según la entidad federativa en la que se ubique el infractor, incluso, conductas imputables como el aborto antes de las 12 semanas o el abigeato, según la geografía o la sensibilidad moral en el mismo territorio nacional.

Así de diverso es México, mientras en una región se goza de cierta burbuja de percepción de seguridad, en otras es impensable habitar sin la zozobra de los grupos del crimen organizado, los que sólo se especializaban en tráfico de drogas quedaron en la historia, prácticamente, todos los cárteles identificados en el país, a la muerte o captura de sus líderes están fragmentados, contabilizarlos con exactitud resulta imposible, sus grupúsculos escindidos secuestran, extorsionan y asesinan según la demanda y oferta criminal y donde el nivel de impunidad lo permita.

Los delincuentes encuentran un paraíso en el país, adquirir un chip sin mayor trámite ante las empresas que prestan ese servicio y usarlo en teléfonos celulares robados y utilizarlos para cometer otros delitos es una constante, incluso, dentro de los penales tienen acceso a internet. Pueden circular con vehículos robados por encargo, portar armas de alto calibre y ocupar grandes sumas de dinero ilícito en efectivo sin mayor problema fiscal, mucho menos penal. La infiltración y corrupción en las policías locales ya no es sorpresa para nadie.

Nuestros policías han sufrido hace décadas el resultado de la indiferencia de algunos gobiernos, al no ver a la Seguridad Pública como una política de Estado y de estabilidad social.

Con frustraciones laborales al no tener ninguna posibilidad de contar con un retiro digno, mucho menos un salario suficiente, servicios de salud y sociales especializados. La gasolina, armas, equipo táctico, vehículos y su mantenimiento, son instrumentos de trabajo que pagan, en un porcentaje, con su ínfimo salario.

Ya son años de discusión en algo casi de lógica generalizada: unificar y centralizar los criterios administrativos de selección, reclutamiento y capacitación para pertenecer a cualquier corporación policiaca.

Los municipios y gobiernos estatales dieron como resultado en esta materia, sólo debilidad institucional.

El Mando Único en los estados podría prevalecer, si se cuentan con los mismos parámetros para todo el personal, tanto administrativos como operativos.

La lucha contra la corrupción en las corporaciones policiacas, también, debe contar con una institución especializada federal, pero con atribuciones de atracción para cualquier institución del ramo.

El gasto público en materia de seguridad tiene que contar con una vigilancia especial para que se ejerza de manera puntual y no desviarse para otros efectos, poner diques a las licitaciones y asignaciones directas, dejar de invertir en seguridad pública es un atentado contra la población, además de impedir el cumplimiento de una obligación y derecho constitucional.

La lucha contra la delincuencia es desigual, los delincuentes tienen contra la pared a la sociedad de algunas regiones de nuestro país, son en número mucho menos que los miembros de nuestras corporaciones policiacas a nivel nacional, pero aun así, tenemos un déficit de más de 100 mil policías.

El esfuerzo en materia de seguridad pública va concatenado a la procuración y administración de justicia y el cumplimiento de sanciones penales, su correlación institucional no es del todo armónica, sobre todo, por las brechas legales y pedagógicas.

Hablar de rehabilitación y reinserción social es todavía mucho más lejano.

@Ricar_peralta