El primer contacto de la administración pública con el ciudadano son los servicios del orden de gobierno municipal o las nuevas alcaldías para el caso de la CDMX, como es la seguridad, la limpieza o el alumbrado público.

Seamos claros, tiene largo tiempo que la administración pública, el gobierno, las y los políticos en México han perdido credibilidad; el ciudadano no ve con buenos ojos la calidad de los servicios que se le dan, ya sea por falta de calidad, falta de pronta respuesta o bien, por ser poco transparente.

Pocos gobernadores actuales entienden este binomio de lo público: transparencia y calidad en los servicios.
Pero la transparencia ha pasado de ser una moda a una necesidad en el actuar, misma que es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno y de todos los servidores públicos, como un elemento indispensable para detonar seguridad, inversiones, confianza, empleos, ingresos, entre otros.

La transparencia obliga al servidor público (ya sea por convicción a por fuerza) a actuar de manera responsable, así lo hemos visto a más de un mes de iniciado el gobierno del Estado de México, donde de frente, el tema medular ha sido la seguridad como prioridad en la agenda del gobierno a través del decálogo de acciones.

En la mayoría de los estados los gobiernos tiene algún grado de opacidad en su actuación, pero en el Estado de México se dio un paso decisivo al combinar políticas reales de seguridad y transparencia al inicio de este gobierno, sin embargo aún es temprano para ver resultados.

Al menos se está siendo congruente con las promesas de campaña y esto genera confianza en los sectores, en particular con la ciudadanía y los empresarios generadores de inversiones y empleos, pero no va a suceder si no lo hacemos en conjunto, construyendo un andamiaje real de seguridad.

El gobernador mexiquense está haciendo lo correcto, pero se necesita de todos los actores, de lo público y lo privado, porque muchas veces la crítica fácil es sobre aquello que está sujeto al escrutinio público, pero también debe haber corresponsabilidad privada, ya que muchas veces se exige que el gobierno no sea corrupto pero hay que dar dinero para ganar una licitación, o bien quitarse una multa o acelerar un servicio.

La transparencia como obligación sí parte de lo público, pero no puede subsistir sin lo privado, lo que exige que el tema sea convocado por los gobernantes y operado por todos, porque si no quedará en una simulación, sin terminar con la impunidad, sin seguridad para la ciudadanía, para el empresario, donde se permee a todos los elementos del eslabón de todos los órdenes de gobierno, desde el policía hasta el más alto servidor público y al menos en el Estado de México estamos viendo voluntad de la autoridad por querer cambiar las cosas.

Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista Doctorado en Finanzas, Profesor Investigador de Varias Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario Público.
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