Hoy el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, comparece ante el Parlamento de Cataluña para “informar sobre la situación política actual”, en medio de un intenso sabotaje económico, jurídico y político por parte del Estado español. Como resultado del referéndum del pasado 1 de octubre, incluso el Tribunal Constitucional ha decretado la suspensión del pleno legislativo para evitar cualquier declaración de independencia. Dicho referéndum fue considerado ilegal y para impedirlo se recurrió a la represión de los votantes por parte del gobierno central encabezado por Mariano Rajoy, quien cuenta con el apoyo de los rancios partidos de la transición, entre los que destacan el derechista Partido Popular, heredero del ministro de la dictadura franquista Manuel Fraga, y el Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Así como del rey Felipe VI, quien, en una muestra de intolerancia que traiciona el espíritu europeo de la monarquía constitucional, ha cerrado toda posibilidad de diálogo y entendimiento.

Aunque el sentimiento independentista en Cataluña ha crecido de manera importante en los últimos años, cuenta con destacadas raíces históricas, culturales y lingüísticas que se remontan por lo menos hasta 1713, cuando en el llamado sitio de Barcelona por parte de las tropas de Felipe V, la Casa de los Borbones impuso su hegemonía sobre Cataluña, aboliendo sus instituciones de autogobierno y estableciendo el castellano como lengua oficial. Sin embargo, a pesar de las diversas prohibiciones, la lengua catalana no desapareció y con el paso de los años se incrementó su uso. Esto produjo una elevada conciencia nacional que dio vida al denominado catalanismo político, sobre todo durante el siglo XX. Con la proclamación de la Segunda República Española en 1931 y el advenimiento de la dictadura de Francisco Franco en 1939 con el final de la guerra civil, la persecución contra los catalanes se intensificó, prohibiéndose nuevamente el uso de su lengua y reprimiendo duramente cualquier manifestación de independencia. Prisión, exilio y muerte para los catalanes fueron las respuestas del franquismo.

La instauración de la democracia produce una nueva Constitución en 1978 que divide al país en 17 comunidades autónomas, pero aun así Cataluña reclama su plena soberanía política. Un sentimiento que crece de manera sostenida en los últimos años, pasando de representar al 13.6 por ciento del electorado en el 2005 al 45 por ciento en el 2014. El derecho a decidir y a la autodeterminación política cobran cada vez más fuerza en Cataluña creando una nueva identidad como recurso de poder. La perspectiva es cada vez más difícil, no solo para los 7.5 millones de catalanes, sino también para los restantes 38.5 millones de españoles.

El independentismo catalán coloca en el centro de sus preocupaciones el derecho humano a la autodeterminación política. Frente a este reclamo, el gobierno central y los partidos coaligados en el gobierno necesitan dar con urgencia una respuesta en la arena de la política, y no de la acometida verbal. No basta con citar artículos de la Constitución y del Código Penal. Cataluña y el resto de España esperan algo distinto, pero pocos argumentan con solidez. La consolidación de una Cataluña autónoma en el marco de una España democrática, moderna e incluyente, sigue siendo una aspiración compartida por millones de ciudadanos.

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