En estos días y los que están por venir, se pone a prueba el verdadero carácter del Gobierno Federal: la efectividad con que se resuelva la contingencia ante el desastre del sismo del 7 de septiembre, puede marcarlo aún más hacia el futuro que otros sucesos de presunta corrupción y violencia.

 

Para que quede más claro: más de 30 años después, el gobierno de Miguel de la Madrid sigue cargando el fracaso histórico de no haber reaccionado a tiempo y con eficiencia ante la tragedia del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

 

Prácticamente desde el primer día el presidente Enrique Peña Nieto estuvo en la zona del desastre en Oaxaca; caminó por los escombros, desplegó a las Fuerzas Federales y a buena parte de su gabinete. Hoy incluso planteó sus tres objetivos prioritarios para apoyar a la población en las localidades más afectadas.

 

Las imágenes de funcionarios y voluntarias del DIF Nacional armando despensas y repartiendo la ayuda en los centros de acopio, se suman a esta narrativa del Gobierno Federal de que está en operación, de que hay una logística ante el desastre y una clara voluntad de resolver la problemática más esencial de miles de damnificados.

 

Todo ello se puede ir al traste si en un máximo de dos semanas no hay hechos contundentes y tangibles de reconstrucción, no solo física de viviendas y de infraestructura básica, sino de las condiciones de vida cotidiana lo más parecidas previo al sismo.

 

Además que los esfuerzos no solo se concentren en los puntos más céntricos de las localidades; ante la dispersión de las viviendas en Oaxaca y Chiapas, resolver lo que ocurre en la periferia es tanto o más importante que en la parte urbanizada. Allí son algunos de los señalamientos recientes por el despliegue de las Fuerza Armadas.

 

Porque es ahí “el caldo de cultivo” propicio para la clientela política, más aún con la inminencia de las campañas de 2018. El incidente de las despensas “Yunete” en Veracruz, lo cual ya fue negado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, puso a prueba el rechazo social que este tipo de actos genera.

 

Lo complicado es que en 4 meses el país estará en campaña, en particular Chiapas y Tabasco para el cambio de gobernador, por lo que las heridas de este sismo aún estarán abiertas, con implicaciones directas para las preferencias a la hora de sufragar.

 

De manera inevitable, si el proceso de reconstrucción es exitoso, los gobiernos locales y el federal lo habrán de destacar frente a las campañas; si hay faltantes, es inconcluso o de plano fallido, será otra arma electoral de la oposición.

 

Un beneficio o un lastre. Así son los escenarios que se plantean para los políticos que entrarán en disputa el próximo año pero que ahora tienen una de las principales encomiendas en su papel como funcionarios públicos: recobrar la normalidad en las zonas devastadas por el sismo del 7 de septiembre.