Existe un pronunciado divorcio entre el gobierno y los ciudadanos. Una separación producida por un ordenamiento institucional que no logra traducir las necesidades de la población en políticas públicas eficaces y eficientes. Este alejamiento se explica por la prevalencia de una concepción desencantada, y en ocasiones cínica, de la política según la cual: no importa por quiénes somos gobernados, lo realmente significativo, se afirma, es cómo somos gobernados. Dicho de otra manera, si son escasas las posibilidades reales de que los ciudadanos puedan influir en el ejercicio del poder, en virtud del monopolio que ejercen las oligarquías políticas, por lo menos es deseable la existencia de un sistema institucional donde las demandas de los ciudadanos puedan ser escuchadas por los políticos. Dado que el cómo se gobierna depende del quién gobierna, y evidenciados los límites en las capacidades de los gobernantes, es previsible que algunos de ellos intentarán gobernar de la mejor manera posible. Por lo tanto, serán sus capacidades las que marquen la diferencia en el logro de los objetivos sociales.

En un sistema democrático los gobernantes buscan satisfacer las necesidades de los gobernados, sobre todo si pretenden mantenerse en el poder neutralizando los crecientes desafíos sociales. En esta lógica, las políticas públicas son instrumentadas con el objetivo de responder a las demandas ciudadanas y mantener la legitimidad del sistema. En el pasado, el poder público por excelencia estaba representado por el Estado. Actualmente el Estado es solamente uno entre los diferentes poderes públicos, en cuanto existen otros poderes locales y actores políticos relevantes representados por partidos, sindicatos, organizaciones autónomas de la sociedad, así como otras entidades supranacionales y distintos poderes fácticos en continuo desarrollo. Históricamente, el Estado ejercía sobre todo funciones de orden y estabilidad política, hoy su actividad se concentra principalmente en la gestión de lo público. Ésta es una transformación que permite registrar nuevas modalidades de acción e inéditas técnicas de intervención en el ámbito público por parte de gobernantes y gobernados.

Las políticas públicas son acciones del gobierno con objetivos de interés colectivo. Son producidas, realizadas, evaluadas y eventualmente reformuladas, en la permanente búsqueda por ofrecer soluciones a las problemáticas sociales y para evitar que el malestar ciudadano derive en mayor descontento e inestabilidad. Por esta razón, las políticas públicas representan programas de acción ejecutados por las autoridades que involucran actores que inciden en los problemas colectivos. Ellas son producto de una actividad dotada de legitimidad institucional y de acuerdo con la politóloga Gloria Regonini, pueden ser distributivas, regulativas, redistributivas, constituyentes o simbólicas.

La actividad política conlleva la solución de los problemas derivados de la agenda social. En función de la participación ciudadana y la permeabilidad del régimen político las demandas, preferencias y necesidades de las personas serán procesadas o ignoradas por el sistema. En contextos de crisis como el actual, caracterizados por las crecientes privatizaciones y desregulaciones, la política pública debe tener una clara orientación ciudadana. La eficacia de los tomadores de decisiones se mide en relación con las problemáticas resueltas. Los procesos de cambio político requieren de instituciones atentas a los reclamos ciudadanos. Una política pública que no los considere está inevitablemente condenada al fracaso.

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