Aun cuando se tiene pendiente el nombramiento del Fiscal Anticorrupción para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hoy es una realidad, lo que hace años era una propuesta ya comenzó su marcha. Aun cuando muchas entidades del país, arrastran el pendiente de la armonización de sus leyes locales con las del SNA, en otros estados ya se han dado los pasos para que el sistema sea una realidad. Lo que no se puede negar es la complejidad que este representará en su conjunto, en cuanto a su aplicación en los tres órdenes de gobierno, pero que nadie se sorprenda, así es el inicio de cualquier esfuerzo institucional, máxime aquellos que requieren, consenso, recursos, voluntades, acuerdos, esquemas de actuación y sobre todo etapas de madurez que son parte implícita de cualquier política o esfuerzo público.

Miente quien argumenta que el SNA no servirá, miente y politiza quien usa este diseño de coordinación como botín mediático para posicionarse, miente quien lo da por muerto antes de su puesta en marcha. Porque apostarle a su fracaso es también apostarle a la corrupción, porque no le conviene un esquema institucional donde lo público y privado cuenten con más candados, más vigilancia, mayor transparencia y en su caso, castigos ejemplares. Sin embargo, una de las tareas relevantes del SNA pasa por la cultura que el lenguaje de la corrupción nos ha heredado, que a veces parece tan nuestro, tan cotidiano. En arena del día a día es “normal” escuchar frases que esconden un problema mayúsculo:

“Ese gobernador robó, pero repartió”. O la otra desafortunada y famosa “sí robé pero poquito”, que hasta se vuelve graciosa en el imaginario común, pero sin detenernos a pensar lo mucho que pesa sobre nuestra realidad.

Hoy los avances en materia de transparencia, rendición de cuentas, declaraciones de conflicto o no de intereses por parte de los servidores públicos y privados, la propia Ley General de Responsabilidad Administrativa cuyos alcances no solo se limitan a la actuación de los responsable de un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, sino con alcances a los particulares, nos demuestran que la estructura institucional va por buen camino, que no es suficiente pero sí necesaria.

No obstante, esta plataforma institucional debe pasar por un esfuerzo que se conjunta con el apartado educativo y no es más que incluir desde la educación básica una cultura permanente de anticorrupción, que erradique de nuestro lenguaje frases que lleven implícita la aceptación de que la nuestra es una sociedad corrupta, esto es un paso que debe ir acompañado de todo el esfuerzo institucional del SNA, porque a la corrupción se le atiende con varios instrumentos públicos, desde varios flancos y uno de ellos es el educativo, aquel que permita erradicar su lenguaje.

 

Dr. Luis David Fernández Araya

*El Autor es Economista Doctorado en Finanzas, Profesor Investigador de Varias Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario Público.

Contacto en redes

Twitter: @luisdavfer

Facebook: Page/LuisDavidFernándezAraya