Nuestro proceso de cambio político generó un disfuncional sistema de partidos que produce incentivos para el conflicto y la oposición entre las distintas fuerzas. Así lo evidencian los resultados electorales, expresión frecuente de un constante aumento del voto diferenciado producido por la crisis de los vínculos partido-ciudadano. En un contexto donde los votantes son cada vez más influenciados por las distintas ofertas políticas, se reformó el artículo 89 de nuestra Carta Magna, que entrará en vigor el primero de diciembre de 2018, estableciendo la facultad del Presidente de la República para “en cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión”. Se busca acabar con nuestra parálisis política haciendo posibles los acuerdos entre partidos conforme a proyectos y políticas públicas compartidas.

Los gobiernos de coalición representan una alternativa para nuestra imperfecta democratización y una oportunidad para debatir sobre el camino que ha seguido nuestra transición política. Cuando se analiza el cambio del voto unificado al voto dividido se ilustra el paso de una situación caracterizada por el control, la uniformidad y la estabilidad, a otra distinta cuya característica es la competencia, la pluralidad y el conflicto. Los gobiernos de coalición son resultado del realineamiento electoral que expresa la fragilidad de los partidos y que ha derivado en la pérdida de la gestión unificada de las instituciones. Los gobiernos de coalición son una respuesta a la ingobernabilidad en contextos de creciente polarización y resultan necesarios cuando el voto dividido expresa un desencanto hacia los partidos. Nuestro sistema político generó actores cuya estrategia se orienta a bloquear sistemáticamente la acción gubernamental.

Con esta arquitectura política, los partidos en la oposición frenan sistemáticamente las propuestas legislativas del partido gobernante, produciendo un estancamiento de la vida política incapaz de establecer gobiernos funcionales. De acuerdo con el politólogo francés Maurice Duverger, los gobiernos de coalición permiten compartir (que no socializar) el poder político. Ellos representan acuerdos entre partidos que se llevan a cabo cuando ninguno obtiene la mayoría absoluta en los espacios de la representación política. Los partidos persiguen objetivos estratégicos no sólo para la búsqueda de votos y posiciones, sino también para concretizar ciertas políticas públicas. Estos objetivos no siempre van en la misma dirección, ya que formar parte de un gobierno de coalición puede debilitar a un partido en términos electorales y, ciertamente, no garantiza en automático que determinadas políticas públicas se puedan llevar a cabo.

Por otro lado, los gobiernos de coalición son tendencialmente menos estables que aquellos unipartidistas. La mayoría de los estudios politológicos sobre este tipo de gobierno enfatizan la idiosincrasia de los partidos derivada de sus tradiciones políticas, lo que representa un factor decisivo para abandonar al gobierno de coalición produciendo nuevas crisis institucionales. Este tema se debe analizar en profundidad, porque queriendo garantizar la gobernabilidad se puede abonar a la inestabilidad política. Durante años se pensó en la necesidad de la alternancia para arribar a la democracia, hoy la centralidad del cambio se focaliza en las modalidades que adopta nuestra compleja forma de convivencia política y social.

 

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