Raúl Flores, diputado local en la Asamblea Legislativa (ALDF) por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó que los dirigentes y diputados de Morena planteen una moratoria urbana como alternativa a la discusión que dicha soberanía, junto con vecinos de las 16 delegaciones de la Ciudad de México y el gobierno capitalino, lleva a cabo desde hace meses para elaborar de manera conjunta el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), ya que dicha posición simplista sólo beneficiaría los intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios.

Durante un taller ofrecido a medios de comunicación organizado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, Flores García, quien funge como secretario de dicha instancia, aseguró que una moratoria urbana como la propuesta por el partido de Andrés Manuel López Obrador sería el mejor de los escenarios para los grupos inmobiliarios en esta ciudad, pues significaría una lluvia de amparos contra una figura que no está prevista en ningún ordenamiento legal.

“Durante las audiencias públicas celebradas la semana pasada, donde los diputados de Morena no estuvieron presentes en los tres días de deliberaciones, hubo vecinos que se tomaron el tiempo necesario para hacer planteamientos que sin duda alguna deben ser considerados a la hora de dictaminar el PGDU, pero en cambio los morenistas, sin debatir la pertinencia de sus ideas en dicho foro plantearon soluciones simplistas como la moratoria urbana, que legalmente la ALDF no tiene en sus manos y que hoy por hoy iría a favor de los inmobiliarios, porque al momento de plantear una orden ejecutiva en ese sentido todo se judicializaría y eso sería el mejor de los mundos para ellos porque inmediatamente irían a presentar juicios de amparo contra algo que no está previsto en ningún ordenamiento legal”.

El también vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la ALDF afirmó que apelar a una moratoria urbana puede lucir para algunos como una idea atractiva pero recordó que hay que ser conscientes de plantear algo así, pues trajo a la memoria que trabajar con bandos unilaterales como los decretados por López Obrador cuando fue jefe de gobierno que favoreció la construcción de vivienda residencial y que hoy mantiene a la Ciudad de México inundada de quejas en materia inmobiliaria.

Flores García volvió a ensalzar el que de manera inédita el gobierno de la Ciudad haya tenido el tacto de invitar a las organizaciones vecinales para incidir por medio de sus opiniones en el tema de desarrollo urbano, algo que nunca antes en ninguna otra administración había sucedido, lo que sin duda enriquecerá la propuesta final que en su momento se vaya a presentar como PGDU, misma que incluye un enfoque de derechos humanos que no contiene ningún otro programa que se haya presentado antes.

“A excepción de Morena, nadie que quiera a su ciudad podría haberse opuesto a que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pudiera interponer juicios de procedencia contra particulares como los desarrolladores inmobiliarios por delitos relacionados por violaciones de uso de suelo y en materia de desarrollo urbano”.

Al reiterar que el PRD está a favor del ordenamiento en materia de desarrollo inmobiliario pero también de la necesaria inversión económica que realiza la iniciativa privada, Raúl Flores presumió que el actual gobierno de la Ciudad y la ALDF tengan una buena relación de trabajo y colaboración a favor del interés público con instancias como la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), con la que recientemente se firmó un convenio para la construcción por parte de sus afiliados para desarrollar vivienda popular y social para los trabajadores del gobierno capitalino.

“Nosotros desde la VII Legislatura defendemos el interés público y por eso nos hemos dedicado a trabajar a favor de las normas encaminadas a favorecerlo, adecuándolas al marco legal vigente”, finalizó.