Durante una reunión entre el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, y el gobernador de esa entidad, Quirino Ordaz, el funcionario federal “reiteró la importancia que para el gobierno de la República representa el esclarecimiento del homicidio del periodista Javier Valdez”.

Esta secretaría inició trabajos con entidades federativas para generar instancias para la prevención de agresiones contra periodistas y defensores de Derechos Humanos.

En principio, firmó un plan de contingencia con Chihuahua y un compromiso de capacitación de investigadores especializados en Sinaloa. Esta última tarea es con miras a la creación de la unidad local de protección a comunicadores y defensores que entraría en operación el mes entrante.

El Subsecretario de Derechos Humanos y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, firmaron el convenio, relacionado con esta entidad, donde fue asesinada Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, el 23 de marzo pasado .

El plan de contingencia representa una medida extraordinaria del Estado mexicano para atender, desde sus orígenes, la situación de violencia que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua y en el país en general.

El Plan de Contingencia – agregó Gobernación- es resultado de un acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y las entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil, cuyo principal objetivo es establecer medidas estructurales de prevención sobre los factores de riesgo que originan las agresiones en contra de defensores y periodistas.

Lo anterior incluye 53 acciones estratégicas guiadas por cinco temas:

1.- Periodistas y Libertad de Expresión

2.- Personas en situación de vulnerabilidad: Mujeres, personas migrantes, y grupos de la diversidad sexual

3.- Medio Ambiente

4.- Sierra Tarahumara, y

5.- Estrategias Transversales, en particular: justicia, transparencia en la información y marco legal.

Al evento asistieron la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, María Luisa Bascur; funcionarios estatales y federales y legisladores. También la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Adela Jiménez; de Alianza Sierra Madre A. C., Aida Isela González Díaz.

RFG
Con información de La Jornada